(EFE).- La federación de transportistas Fenadismer cree que la Diputación de Gipuzkoa ha dado «su brazo a torcer» al anunciar que dejará de cobrar el peaje para camiones en la N-I y la A-15 en cuanto se publique la providencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que falló en este sentido. En su opinión, «la querella criminal presentada por las asociaciones de transportistas hace una semana» contra la diputada foral de Infraestructuras, Aintzane Oiarbide, ha llevado a la Diputación a anunciar su intención de suspender el cobro de los peajes una vez que se publique la sentencia del TSJPV.
Por su parte la portavoz de la Diputación, Eider Mendoza, admitió que “tras un análisis jurídico en profundidad, se aboga por mantener la seguridad jurídica en un asunto que ya de por sí cuenta con diversos elementos de incertidumbre, evitando así añadir más confusión a esta cuestión”. Al mismo tiempo recordó que la Diputación sigue trabajando en la elaboración de una nueva Norma Foral sin tramos, evitando posibles interpretaciones de discriminación a transportistas extranjeros.
También insistió en que «actualmente, tanto la Diputación como Bidegi no hacen otra cosa que “cumplir escrupulosamente” con la legalidad vigente, ya que ésta establece que las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales el día en que sea publicado su fallo, función que corresponde al Letrado de la Administración de Justicia».
Negociar
Fenadismer se ha congratulado, en un comunicado, de que la institución foral haya «renunciado a la propuesta inicial de publicar una decreto exprés» para mantener el cobro en estas vías ya que, en su opinión, ello podría haber supuesto «incurrir en desobediencia judicial».
Los transportistas han reiterado su ofrecimiento a «negociar» la implantación del nuevo sistema de peajes, que la Diputación ya ha anunciado que pondrá en marcha a través de una tercera norma foral que extenderá los cánones a toda la N-I y la A-15.
Fenadismer ha cargado contra la actitud de la Diputación que, en su opinión, ha tardado «un mes» en dar su «brazo a torcer» y «admitir que no le queda más remedio que paralizar el cobro de los peajes».
«Durante todo este tiempo, lejos de reconocer su error, el gobierno foral, llevado por una arrogancia inaudita e irresponsable, se ha dedicado a verter descalificaciones ofensivas hacia el colectivo del transporte por carretera», ha denunciado.
Ha acusado además al ejecutivo guipuzcoano de «confundir a la opinión pública con su pretensión imposible de mantener vigente el actual sistema simplemente aprobando un decreto exprés de prorroga hasta que tramitara la nueva norma foral», que necesitará «previamente el visto bueno de la Comisión Europea».
