San Sebastián, 22 may (EFE).- La plataforma contra la incineración GuraSOS ha denunciado este jueves que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) pretende asfixiar «por vía económica» a su asociación, al exigirle el pago de diferentes costas judiciales por un importe total de 8.420 euros.
En un comunicado, GuraSOS critica que GHK adopte esta medida pocas semanas después de que el Tribunal Constitucional (TC) otorgara amparo a la plataforma «reconociéndole legitimación activa para recurrir contra Autorización Ambiental de la incineradora».
En concreto, el TC admitió su legitimidad para acceder a la justicia en materia de medio ambiente, anuló un fallo de 2021 del Superior del País Vasco (TSJPV) y le obligó a admitir su recurso contra la Autorización Ambiental Integrada de la incineradora de Gipuzkoa.
A pesar de ello, el colectivo antiincineración lamenta ahora que los tres miembros de su Junta Directiva hayan sido citados en los Juzgados de Paz para darles traslado de una demanda en la que GHK les exige el pago de distintas costas judiciales, parte de las cuales corresponden precisamente al procedimiento del TC.
GuraSOS considera que con esta petición GHK «ha iniciado una clara vía para tratar de descabezar y disolver, o hacer inoperativa la asociación, por la vía de la presión sobre los miembros de su Junta Directiva».
Por este motivo, la plataforma afea a GHK que, «en lugar de iniciar las correspondientes investigaciones internas y la depuración de responsabilidades, amenace y ataque a la asociación denunciante, y personalmente a sus integrantes, buscando la desaparición y eliminación del control ejercido por la ciudadanía».
Tras expresar su preocupación por «la deriva antidemocrática de las instituciones vascas en materia ambiental, GuraSOS ha destacado lo «grave y extraordinario» que resulta que «una Administración busque acabar con la crítica y el control ciudadano tratando de disuadir con amenazas y embargos, poniendo en peligro el asociacionismo y la propia defensa de la salud y el medio ambiente».
«Queremos hacer un llamamiento a las autoridades, para exigirles que corrijan el flagrante déficit democrático ambiental que rodea el proyecto, que cesen en su actitud hostil y despreciativa ante las iniciativas sociales que legítimamente contestan el proyecto, e inicien una senda de diálogo y colaboración, que lleve a una solución basada en la participación y el acuerdo en torno a una Mesa de Control Democrático», concluye.
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