Haritzalde ha acusado al Ayuntamiento de Donostia de faltar a la verdad sobre la ejecución de la sentencia que obliga a retirar los vertidos ilegales de Belartza Alto y restaurar el entorno a su estado natural original. La asociación ecologista responde así a las manifestaciones realizadas por la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, en relación con la retirada de 8.150 metros cúbicos de tierras este mes de mayo.
En un comunicado fechado Haritzalde sostiene que afirmar que con esa retirada queda ejecutada la sentencia es “una gravísima falsedad, una mentira flagrante”. La entidad recuerda que la sentencia del TSJPV número 219/2019 declaró ilegal el vertido de 120.000 metros cúbicos de tierras y rocas depositadas durante las obras de Mercadona y Mc Auto en 2016, y exigió al Ayuntamiento y a VUSA retirar la totalidad de los vertidos y restaurar el paraje.
Según Haritzalde, tanto VUSA como el Ayuntamiento han venido “eludiendo la ejecución de la sentencia” durante estos siete años mediante diferentes estrategias. La asociación afirma que ha tenido que solicitar hasta en cinco ocasiones auxilio judicial para que se ejecutara el fallo, la última en marzo de 2025.
La entidad ecologista recuerda además que el Ayuntamiento ya comunicó al juzgado el 7 de julio de 2025 que se habían retirado 66.188 metros cúbicos y que con ello se daba por cumplida la extracción de tierras. Haritzalde rechaza esa afirmación y asegura que tuvo que aportar una pericial topográfica para demostrar que en noviembre de 2025 quedaban más de 40.000 metros cúbicos de vertido.
En la actualidad, la asociación sostiene que en Belartza Alto permanece “un vertido desolador de más de 30.000 m³”, extendido a lo largo de varias hectáreas, con un frente de seis metros de altura y un paisaje natural devastado. El comunicado incorpora dos fotografías tomadas el 19 de mayo en las que Haritzalde muestra el estado actual del terreno.
Haritzalde considera que las manifestaciones de Arzallus esta semana, junto con los antecedentes acumulados desde 2016, son “indicios suficientes” para entender que el Ayuntamiento “se halla maniobrando al límite de la legalidad” en una actividad concertada con VUSA para no dar cumplimiento a la sentencia. La asociación llega a señalar que el caso podría estar adquiriendo “tinte penal” como posible desobediencia y fraude procesal.
La asociación recuerda, por último, que tiene solicitado al juzgado desde marzo de 2025 que se imponga al alcalde una sanción diaria de 200 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia, que se exija al Ayuntamiento un control de la trazabilidad y de las autorizaciones de los vertidos realizados o pendientes, y que se suspenda cualquier obra en Belartza mientras no se haya ejecutado la sentencia y restituido el terreno a su estado original.
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