(EFE). Ikastolen Elkartea utilizará los «medios legales que estén en su mano» y presentará las alegaciones correspondientes para subsanar los «desequilibrios» generados en las prematriculaciones, algo que afecta a «unos quince centros» por lo que espera que, «con buena voluntad, sea posible canalizar la situación».
La asociación de ikastolas ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha afirmado que la Ley de Educación es un proyecto «válido» y «una oportunidad única» para crear un nuevo sistema educativo», por lo que debería ser aprobada durante esta legislatura pero le falta «concreción».
Ikastolen Elkartea señaló el pasado viernes que pediría al Departamento de Educación la paralización del proceso de matriculación en los casos en los que considera se han realizado «desequilibrios» en el reparto del alumnado vulnerable.
El portavoz de Ikastolen Elkartea Koldo Tellitu ha indicado que, «en todo momento», han planteado que el flujo de alumnos que no son admitidos en un centro y los que acuden a él en función de las tasas de vulnerabilidad «debe ser equilibrado».
Tellitu ha señalado que está de acuerdo con el proyecto pero en determinadas ikastolas «ese flujo ha quedado en negativo», ya que han sido derivados más alumnos a otros centros que los que han recibido.
«Todavía estamos en el proceso», ya que el plazo para presentar alegaciones al Departamento de Educación finaliza el próximo 22 de mayo, por lo que Ikastolen Ekartea «utilizará los medios legales en su mano para intentar que se reconduzca la situación», ha señalado Tellitu.
La situación afecta a «unas 15 o 20 ikastolas por tanto, con buena voluntad es factible canalizar la situación», ha indicado.
La normativa
En su valoración general de la ley considera que es una «oportunidad» y que debería ser aprobada durante esta legislatura, ya que cuando «se conforman nuevos gobiernos se tarda en poner en marcha» y el sistema «necesita una ley para todos los centros», que supere la actual norma de la Escuela Pública Vasca, que data de 1993 y «solo regula la mitad del sistema educativo».
Sin embargo, considera que el texto presenta «algunas carencias» como la «falta de concreción» en muchos elementos, lo que conllevaría a desarrollos mediante órdenes y decretos «que posibilitan una política unilateral» por parte del Gobierno Vasco.
Afirman que «no se menciona» en el texto la forma de materializar la gratuidad de los centros ni los recursos que se van a emplear y «no es posible» llevarla a cabo con los medios que se definen en la memoria económica de la ley.
Por ello solicitan que se establezca un «cronograma concreto» con los plazos y se constituya un grupo de trabajo, algo que recoge la propia LOMLOE.
Afirman que la ley «no garantiza un sistema educativo centrado en el euskera y la cultura vasca».
«Aunque los modelos lingüísticos están tácitamente derogados«, señalan las ikastolas, para que los centros alcancen los objetivos en el nivel de euskera la nueva ley debería «definir» un «auténtico modelo de inmersión lingüística superando las diferencias que establecen los actuales modelos».
Considera que todos los centros deben cumplir con el objetivo de alcanzar el nivel B2 de euskera al finalizar la enseñanza obligatoria y ven «imprescindible» que la evaluación la realice personal externo y no el profesorado del centro con el objeto de «garantizar la objetividad».
Reclaman una ley que aborde «Euskal Herria en su conjunto» y que impulse convenios de colaboración con ikastolas del País Vasco francés y de Navarra al tiempo que critican que «no construye un sistema educativo basado en el currículo vasco».
