La iniciativa ‘Researchers for peace’ (R4P), que agrupa personal de Biogipuzkoa, Bioaraba, Biobizkaia y Biosistemak, ha pedido la expulsión de entidades israelíes de los consorcios de investigación sanitaria de estos centros y el blindaje del derecho a la objeción de conciencia de los investigadores.
Representantes de R4P han presentado este miércoles en una rueda de prensa en San Sebastián estas demandas que cuentan con el respaldo de más de 200 firmas y que han sido entregadas a la dirección de los centros de investigación sanitaria vascos.
R4P ha exigido la expulsión de organismos públicos o privados israelíes de los consorcios de investigación, «presentes y futuros, hasta el cumplimiento de la legalidad internacional y, en caso de negativa, la retirada de la participación de los centros vascos de los mismos, sin afectación al personal contratado para su ejecución y sin compensación para las entidades» del Estado hebreo.
La intención es empezar a trabajar con las direcciones de los centros, «que son las que tienen los datos para saber cuántos proyectos y cuántas colaboraciones existen con entidades israelíes», ha señalado Ana Gorostidi, investigadora de Biogipuzkoa.
El también investigador de Biogipuzkoa Pablo Barco ha explicado que no quieren «alterar los proyectos sino que los consorcios presionen dentro de ellos para que sean expulsadas las entidades israelíes colaboradoras».
Han reclamado asimismo el «blindaje» del derecho a la objeción de conciencia por motivos bioéticos, «en especial en situaciones de participación de entidades relacionadas con el ámbito militar o que contribuyan a genocidios o crímenes contra la humanidad».
R4P ha solicitado la aprobación de códigos bioéticos que cuenten con cláusulas de veto a la participación israelí y transparencia en las partidas presupuestarias de manera que haya una «trazabilidad real del aporte otorgadas a entidades procedentes de Estados genocidas o de apartheid».
Asimismo piden la revisión de los contratos de compra de material fungible biosanitario producido por proveedores israelíes y la consulta de las medidas antigenocidio impulsadas por las direcciones de los centros con el personal investigador de manera que éstas supongan un «impacto real y no funcionen como cortina de humo».
Los trabajadores de los institutos de investigación sanitaria de Euskadi han remarcado que «no quieren ser cómplices» de la situación en Palestina sobre «la que nadie duda a estas alturas de calificarla como genicidio».
«Nos hemos unidos para tejer un red que promueva el boicot laboral, académicos, la desinversión y las sanciones a Israel y sus entidades colaboradoras», han abundado.
El objetivo de la plataforma «no es aislar el conocimiento sino fortalecerlo éticamente», señalan sus representantes, que consideran que «la investigación, la docencia y la práctica sanitaria deben situarse del lado de la dignidad humana, del derecho internacional y la justicia global de paz y no de los intereses económicos», han concluido.
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