Vitoria, 29 may (EFE).- El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado una reforma de la Ley vasca de Vivienda para prorrogar en las zonas tensionadas la calificación de protegidas de las VPO mientras esté vigente la citada declaración como zona de vivienda tensionada.
Itxaso ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta del socialista Adrián Fernández sobre los objetivos de su Departamento en la segunda parte de la legislatura, para la que mantiene -ha dicho- dos grandes objetivos: aumentar la oferta de vivienda protegida y proteger a los inquilinos.
Para ello se desplegarán cuatro iniciativas: crear un fondo social de vivienda, ofrecer un seguro público y gratuito ante impagos y desperfectos en viviendas llamado Alokaplus, prorrogar la calificación de las VPO en zonas tensionadas y actuar como «una gran inmobiliaria pública» cuando alguien quiera vender un piso protegido para evitar «fraudes por sobreprecio».
Se ha detenido en las dos últimas medidas y ha precisado que desde 2003 la calificación de vivienda protegida es permanente pero que hay 1.071 pisos anteriores -de ellas 901 en zonas tensionadas- que perderán esa calificación en los próximos años.
El consejero impulsará una modificación de la Ley de Vivienda para que esa calificación sea permanente mientras esté en vigor la declaración de zona tensionada. Este cambio afectará a 619 pisos en San Sebastián (510 en Benta Berri y 119 en otros puntos de la ciudad), 248 en Vitoria y 21 en Bilbao.
Por otro lado, ha anunciado Itxaso, su Departamento ejercerá «con carácter general» el derecho de adquisición de viviendas protegidas cuando haya segundas y posteriores transmisiones, en lugar del derecho de tanteo usado hasta ahora.
La idea es que el Gobierno actúe como «una gran inmobiliaria pública» a la que el beneficiario de una VPO deba ofrecer su vivienda cuando quiera venderla. El Ejecutivo decidirá quién será el comprador de entre las personas inscritas en Etxebide en función de criterios «objetivos».
Con esta práctica se quiere evitar «fraudes por sobreprecio» y dar «transparencia a más de mil transmisiones» de viviendas protegidas cada año, ha explicado.
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