Madrid, 17 may (EFE).- El próximo jueves volverá a sentarse en el banquillo por fraude fiscal el empresario guipuzcoano José María Aristrain, después de que el Tribunal Supremo anulara en junio de 2024 la absolución acordada en 2022 por la Audiencia Provincial de Madrid, y ordenara repetir el juicio.
En enero de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al empresario siderúrgico de los delitos contra la Hacienda Pública que le achacaban la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y de simular que tenía su domicilio fiscal en Suiza, al entender que la prueba realizada era «insuficiente» y no permitía acreditar que Aristrain «simulara un traslado de su residencia habitual durante los años 2005 a 2009».
Pero dos años más tarde, en junio de 2024, el Supremo estimó los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), anuló dicha resolución y ordenó que se repitiera el juicio ante otro tribunal.
La Fiscalía de Madrid pide para Aristrain 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros por al menos quince delitos de elusión tributaria entre los años 2005 a 2009, durante los cuales habría defraudado 211 millones de euros.
Según el Ministerio Fiscal, en 1998 Aristrain habría creado en Holanda la sociedad Corporación JMAC para acogerse «artificiosamente» y de forma «abusiva» al muy beneficioso tratamiento fiscal de empresas tenedoras de participaciones que rige en aquel país.
De este modo, el empresario habría eludido el pago de impuestos sobre los dividendos repartidos así como sobre las plusvalías obtenidas con la venta de dichas participaciones.
Dicha estrategia habría sido repetida en otros países, como Luxemburgo, y el beneficio obtenido fue en parte reintroducido en España y también desviado a paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas y Malta.
Mediante esta estructura societaria, Aristrain habría eludido el pago de impuestos en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 por los dividendos de Arcelor S.A, ArcelorMittal S.A y Arcelor Mittal Steel, así como la plusvalía obtenida en el último de los ejercicios por la venta de acciones de ArcelorMittal.
Según sostiene la Fiscalía, el empresario guipuzcoano habría dejado de pagar en 2008 en torno a 100 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.
Asimismo, a través de una sociedad domiciliada en Malta, «desviaba fondos para correr con los gastos de adquisición y mantenimiento del chalet en Suiza en el que trapaceramente fingía tener su domicilio, del yate de recreo y de los coches de lujo que integraban su colección automovilística», así como otros gastos personales.
En 2005, Aristrain «simuló» el traslado de su domicilio fiscal a Suiza, lo que originó a la Hacienda Pública un perjuicio superior a los siete millones de euros en concepto de IRPF y de alrededor de 2,7 millones sobre el patrimonio.
Dos años más tarde, el empresario se construyó en la localidad suiza de Gstaad el que hasta esa fecha era el chalet más caro del país alpino, valorado en unos 100 millones de francos suizos, unos 80 millones de dólares.
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