(EFE). Más de 80 testigos y peritos declararán durante las dos próximas semanas en el juicio por la agresión sexual sufrida en 2019 en Beasain por una joven, cuya minuciosa investigación permitió detener a un presunto violador en serie vinculado con numerosos delitos de índole sexual en distintos puntos de Gipuzkoa.
Los hechos, que se enjuiciarán a partir del próximo lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a lo largo de las diez sesiones señaladas para la vista entre finales de enero y principios de febrero, sucedieron el 13 de julio de 2019.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, la madrugada de aquel día el acusado, de nacionalidad rumana y que por aquel entonces tenía 35 años, se apostó en el rellano de la escalera de la vivienda de su victima, «vestido de negro y con la cara tapada por un pasamontañas», y esperó a que saliera para ir a trabajar.
En ese momento, la abordó «por detrás» y la empujó al interior del domicilio, golpeándola contra una pared, a la vez que le colocaba un trapo con cloroformo en la boca que hizo que se desvaneciera «debido a los gases».
Transcurrido un tiempo, la joven despertó tendida en la cama, pero aunque se hizo la dormida, el hombre, que seguía en la habitación, la descubrió y volvió a colocarle el trapo con cloroformo en la cara.
La segunda vez que la mujer recobró el conocimiento, su agresor ya no estaba en el lugar y ella se percató de que le habían quitado el calzado y el pantalón, que sólo mantenía en una de las piernas.
Poco después, recibió en el móvil una llamada de una compañera de trabajo a la que alertó de que había sufrido una violación, tras lo que varios agentes de la Ertzaintza acudieron a su casa para socorrerla.
A consecuencia de la agresión sexual, la mujer sufrió distintas lesiones «violentas» en los hombros, en un pecho, en las rodillas y en sus genitales, además de resultar «muy afectada» psicológicamente por lo sucedido.
Posteriormente se descubrió que el procesado, que fue sometido a vigilancia las 24 horas del día por un grupo especial de seguimiento de la Ertzaintza, «tenía controlados los horarios laborales de la víctima», a la que conocía porque una sobrina suya era compañera de trabajo de la perjudicada.
Además el hermano de la víctima había sido empleado del presunto agresor, hecho que presuntamente le permitió «obtener todos los datos relativos al lugar de residencia» de la joven y presuntamente preparar «con minuciosidad» la agresión «calculando hasta el último detalle», según la versión de la Fiscalía.
A raíz de estos hechos, la Ertzaintza inició una minuciosa investigación en cuyo desarrollo se hallaron restos de semen en el cuerpo y en algunas prendas de la chica con un «perfil genético de marcadores» que «coincide» con el del acusado.
La Policía Vasca descubrió además en el domicilio de la perjudicada, donde el hombre «nunca había estado antes», restos «dactilográficos» que dieron «un resultado positivo a las huellas» del procesado.
Asimismo el estudio de la actividad del teléfono móvil del varón lo situó mediante geolocalización en la zona, en el momento en el que sucedieron los hechos, por los que tanto la Fiscalía como la acusación particular -que ejerce la víctima-, y la acción popular, a cargo de la letrada Cristina Ramos, de la asociación Clara Campoamor, reclaman que se le impongan 24 años de cárcel.
Las pesquisas de la Ertzaintza permitieron relacionar al acusado (que fue detenido en Lazkao seis días después de la violación de Beasain tras cruzar su perfil genético y las muestras halladas en el domicilio) con otras agresiones sexuales ocurridas desde 2012 en varias poblaciones de Gipuzkoa.
En varias de ellas habría utilizado el mismo «modus operandi», ya que actuaba durante la madrugada de los fines de semana o festividades y aplicaba a sus víctimas un aerosol de pimienta o pañuelos impregnados de cloroformo para que perdieran la consciencia y consumar las violaciones, de manera que, en algunos casos, ni la propia víctima sabía qué había ocurrido.
Cuatro de estos casos están próximos a ser juzgados en dos vistas diferentes, en la primera de las cuales el acusado se enfrentará a una petición de más de 28 años de prisión por una presunta violación y dos tentativas de agresión sexual ocurridas en Anoeta, Andoain y Tolosa.
En el segundo juicio, por otra presunta violación sucedida en Lasarte-Oria, el Ministerio Público pide que se le impongan once años de cárcel.
Otro episodio similar se encuentra además aún pendiente de ser calificado por las partes, antes de ser señalado para ser juzgado.
