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Tribunales

Juzgan al empleado de un estanco de San Sebastián acusado de quedarse con 100.511 euros

"Una vez afianzado en su puesto", el inculpado presuntamente "comenzó a quedarse con el dinero" de las ventas que "no ingresaba en la caja"

(EFE).  Un empleado de un estanco de San Sebastián se enfrenta a una petición de condena de seis años de prisión por parte de la Fiscalía, que le acusa de quedarse con 100.511 euros del negocio durante los años 2018 y 2019, en los que trabajó para su propietaria, quien lo contrató por la «íntima amistad» que mantenía con sus padres.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan al 1 de febrero de 2017, cuando el inculpado firmó un contrato para la «venta y cobro» de productos a los clientes del estanco, lo que le daba acceso tanto a la terminal de venta como a la caja registradora del local.

El texto precisa que, «una vez afianzado en su puesto», el inculpado presuntamente «comenzó a quedarse con el dinero» de las ventas que «no ingresaba en la caja».

«Para evitar ser descubierto por los descuadres de contabilidad entre la caja y la terminal», el encausado presuntamente utilizaba distintos métodos, como no validar o actualizar las ventas en la terminal.

De esta manera, presuntamente «marcaba el producto a vender en el ordenador», donde se visualizaba la operación, «de tal manera que el cliente entregaba el dinero sin sospechar nada», pero después del cobro «no actualizaba su venta».

Posteriormente, cuando el comprador abandonaba el estanco, presuntamente llevaba a cabo «una apertura manual forzada, completamente anómala y desacostumbrada, y se quedaba con el importe que había introducido».

Asimismo, habría empleado otro método consistente en actualizar o validar correctamente una venta pero anularla tras haber cobrado el producto, mientras que en otras ocasiones llevaba a cabo «una anulación parcial» de la ventas para supuestamente quedarse con el dinero de algunos productos.

La Fiscalía señala que, con esta mecánica, el procesado se habría apoderado en 2018 de un total de 54.970 euros, mientras que en 2019 se habría adueñado de otros 45.540 euros, hasta que el 19 de agosto fue sorprendido.

El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de alteración de datos informáticos en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida en su modalidad agravada por abuso de confianza, por el que reclama seis años de cárcel y que compense a la perjudicada con 100.511 euros más los correspondientes intereses legales.


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