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DE LA SEMANA

La Diputación luchará en los juzgados contra la impunidad del Franquismo

Presentación de la querella de la Diputación contra la impunidad del Franquismo. Foto: Diputación.
17 Ene.19
Tiempo de lectura: 3 minutos
Archivado en:
El gobierno gipuzkoano presentará una querella criminal para poder ser acusación popular en dos casos emblemáticos de desaparición. La intención es que sirvan para abrir nuevas vías en la jurisprudencia española

A través de lo concreto, buscar lo general. Esa parece ser la táctica de la Diputación de Gipuzkoa para intentar terminar con la impunidad de los crímenes del Franquismo.

El Consejo de Gobierno aprobó esta semana emprender un proceso judicial que ya fue reclamado por las Juntas Generales desde 2016. Y el diputado general gipuzkoano, Markel Olano, presentó ayer la estrategia: consistirá en una querella criminal para el ejercicio de la acusación popular en relación a los casos de desaparición forzosa de Florencia Olazagoitia, de Arrasate, y José Ariztimuño ‘Aitzol’, conocido euskaltzale y clérigo de Tolosa. Ambos casos pueden considerarse como simbólicos y emblemáticos en representación de la totalidad de las víctimas de Gipuzkoa.

El ente foral ejercerá su acusación planteando un litigio estratégico, que independientemente del desarrollo del proceso en el aspecto penal, buscará lograr un impacto social, el reconocimiento de la verdad judicial y abrir nuevas vías para provocar un cambio de postura en la judicatura y la jurisprudencia del Estado español. La Diputación sostiene la tesis de que fueron crímenes de lesa humanidad, que no deberían prescribir.

Se intentará así, según palabras del diputado general “ayudar para que se abran nuevos resquicios al muro de impunidad tras el que se guarecen los crímenes del franquismo, sacando a la luz la verdad judicial”.
Asimismo, en su intervención, el diputado general ha aludido a algunos movimientos políticos “de nuevo cuño”, explicando que “estamos asistiendo a la revitalización de ideas de épocas que considerábamos superadas”.

778 desapariciones forzosas (1936-1944)
La iniciativa viene sostenida con dos informes. El primero, el informe solicitado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi sobre casos de guipuzcoanos entre 1936 y 1944, recoge y documenta 979 casos, de los cuales 778 son desapariciones forzosas.

El segundo informe, realizado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, considera que existen vías legales y argumentos suficientes para que la Diputación active la persecución de los delitos de motivación política cometidos en aquellos años.

El director de la Cátedra, Jon Mirena Landa, ha relatado que los crímenes franquistas deben considerarse como hechos de lesa humanidad por tratarse de “una política estatal de persecución sistemática que dio cobijo a asesinatos, muertes, detenciones ilegales, torturas, persecución y otros delitos”. Estos crímenes son imprescriptibles según Landa, y ha sostenido que “no hay amnistía que pueda borrarlos, si se toma en consideración el derecho internacional en derechos humanos”.

Los dos casos ejemplares
– José Ariztimuño Olaso ‘Aitzol’ nació el 18 de marzo de 1896, en Tolosa, en el seno de una familia católica y amante de la lengua y la cultura vasca. Se ordenó sacerdote a los 26 años, y fue un prolijo periodista de gran reputación como escritor y euskaltzale que escribió bajo el pseudónimo de ‘Aitzol’. Fue uno de los fervientes impulsores del Renacimiento de la cultura vasca tras la dictadura de Primo de Rivera y fue un miembro activo del Partido Nacionalista Vasco.

Fue apresado por el bando sublevado cuando se dirigía a Bilbao en barco. Los falangistas trasladaron al sacerdote a la cárcel de Ondarreta, donde fue torturado. Posteriormente, fue fusilado en el cementerio de Hernani. No se ha hallado su cuerpo.

En el acto tomó la palabra Coro Arrue, sobrina nieta de Ariztimuño: “Las heridas de este pueblo no se cerrarán mientras las familias tengan que seguir buscando a sus muertos, como es en nuestro caso”, ha declarado.

– Florencia Olazagoitia Ceciaga, natural de Arrasate, tenía 37 años y era militante del partido socialista cuando desapareció. Tras la ocupación de Arrasate a finales de septiembre de 1936, ella decidió permanecer en su localidad junto con su hijo mayor, de 10 años de edad. Fue detenida el 28 de septiembre, y con respecto al lugar de su fusilamiento (Hernani u Oiartzun), hay varias versiones. Su cuerpo sigue desaparecido, y no hubo ningún tipo de juicio por un tribunal o similar.

En representación de la familia Olazagoitia ha hablado la nieta de la víctima, Nati Roa, quien ha reclamado la necesidad de la verdad judicial “para cerrar el dolor, las heridas y terminar con el silencio de estos 82 años, y conocer por lo tanto la verdad de las víctimas, porque hasta ahora solo se ha conocido la verdad de aquellos que vencieron”.

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