(EFE). La Guardia Civil suprimirá a partir del 1 de abril las unidades de desactivación de explosivos (Gedex) de las comandancias de Álava y Gipuzkoa, de las que se encargarán especialistas de Bizkaia.
La decisión, que afecta también a la unidad de desactivación de explosivos de Lleida, se plasma en una resolución firmada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y publicada en el último Boletín Oficial de la institución, en la que se explica que la finalidad de estas medidas es actualizar la distribución territorial.
También el 1 de abril se llevará a cabo la supresión de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de Roncal de la Comandancia de Navarra y Puigcerdá de la de Girona, según refleja otra resolución firmada también por Gámez y publicada en el mismo Boletín.
Fuentes de la Dirección General han explicado a EFE que se trata de la reunificación de los Gedex de Álava y Gipuzkoa en Bizkaia para centrar especialistas en esta última provincia, donde «confluyen las mayores infraestructuras del País Vasco, este personal resulta más eficaz y, además, actúa en el conjunto de la comunidad».
Respecto a la supresión del Greim de Roncal, las fuentes señalan que llevaba años infrautilizado e inoperativo, y se mantiene en Navarra el grupo de Pamplona.
Lo mismo sucede con el grupo de montaña de Puigcerdá. Se mantiene en Cataluña el de Vielha.
La supresión del Gedex de Lleida se ha hecho, según las fuentes, para reforzar, entre otros, al de Barcelona.
A esas medidas se opone la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que lamenta que, una vez más, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no cuenta con las asociaciones profesionales, señala en un comunicado.
La AUGC reclama explicaciones «urgentes» al ministro sobre el próximo «destierro» de agentes y sus familias en Cataluña y País Vasco «con el correspondiente cierre y desmantelamiento de esas especialidades» que, a su juicio, tiene como objetivo «querer echar» a la institución de estas comunidades.
Esta asociación quiere saber cuál es la intencionalidad y fines de cierres de esas unidades y considera que Marlaska «no puede seguir ocultando sus planes sin antes definir el futuro profesional de cientos de guardias civiles».
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