Las atenciones a migrantes en Irun caen casi a la mitad en un año

Cruz Roja atendió en Irun a 3.121 personas migrantes en tránsito durante 2025, casi la mitad que el año anterior, cuando se superaron las 6.200. El dato confirma una caída tras el repunte registrado en 2024 en este principal punto de paso hacia el norte de Europa.

Las cifras se han dado a conocer en una reunión institucional celebrada en Irun convocada por el Gobierno Vasco, en la que participó la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, junto a representantes de distintas administraciones y entidades sociales.

La evolución de los últimos años muestra un comportamiento irregular. Tras cifras en torno a las 3.000 y 4.000 personas entre 2018 y 2020, el máximo se alcanzó en 2021 con más de 8.000 atenciones. Desde entonces, los datos han alternado subidas y bajadas, con un nuevo pico en 2024 y una caída en 2025.

El perfil mayoritario sigue siendo el de hombres jóvenes, que representan el 88% de las personas atendidas. Las mujeres suponen un 9% y los menores con referente adulto, un 3%. La mayoría procede de países como Guinea Conakry, Mali, Senegal o Costa de Marfil.

La atención se presta durante todo el año en recursos como el centro de Hilanderas, en Irun, que en 2025 ha sido suficiente para responder a la demanda sin necesidad de activar dispositivos extraordinarios. El servicio incluye alojamiento puntual, cobertura de necesidades básicas, orientación y detección de situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los datos destacados es que 2025 ha sido el tercer año consecutivo sin fallecimientos en el Bidasoa, tras los registrados en 2021 y 2022. “Es un dato especialmente relevante”, subrayó Melgosa, que puso en valor la coordinación institucional y social.

En este contexto, el Gobierno Vasco insiste en que Euskadi debe ser reconocida como territorio frontera dentro del sistema migratorio estatal y europeo, al tratarse de un punto habitual de paso hacia otros países. Melgosa reclamó al Gobierno central más información, coordinación y recursos ante la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para junio.