Stop Desahucios ha lanzado un mensaje a los inquilinos: la caída en el Congreso del Real Decreto-ley 8/2026 no elimina las principales protecciones para quienes viven en municipios declarados como zonas tensionadas.
PP, VOX y JUNTS han votado en contra de esta norma, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha abstenido en la votación. El decreto contemplaba una prórroga de hasta dos años para contratos de alquiler en municipios no tensionados.
Sin embargo, las medidas clave de la Ley de Vivienda siguen en vigor en las zonas tensionadas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 27 de abril la declaración de Arrasate, Pasaia y Zestoa como municipios tensionados, que se suman a otros ya existentes en el territorio.
En estos municipios los inquilinos pueden acogerse a prórrogas extraordinarias de hasta tres años cuando finalice su contrato, siempre que este estuviera vigente en el momento de la aprobación de la Ley de Vivienda en mayo de 2023 y que la finalización se produzca tras la declaración oficial de zona tensionada. Estas prórrogas son obligatorias para los propietarios, tanto grandes tenedores como pequeños.
Desde el colectivo también subrayan que, pese a la no convalidación del decreto, las solicitudes de prórroga de dos años ya realizadas mediante burofax mantienen su validez.
La organización advierte de que la situación en los municipios no tensionados puede agravarse en los próximos meses, con la finalización de miles de contratos sin la cobertura de la prórroga adicional, lo que podría derivar en subidas de alquiler o en un aumento de los desahucios, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
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