(EFE). La Guardia Civil investiga a 74 personas de diez provincias, entre ellas Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, por tratar de dar apariencia de legalidad, en una taxidermia de Burgos, a los 258 animales cazados supuestamente de manera irregular en 105 cotos, algunos de ellos de Euskadi.
Esta operación, bautizada como CorCyL, es novedosa en España ya que supone la detección de una nueva manera de proceder en materia de medioambiente, suponiendo la primera en la que los agentes realizan un estudio de la trazabilidad de las piezas desde su caza, hasta los asientos en los libros.
En este sentido, los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que han contado con la colaboración de las secciones de caza y las delegaciones territoriales de la Junta de Burgos y Palencia, han realizado un análisis pormenorizado de los 2.132 asientos que figuraban, a mano, en el registro de la taxidermia de Burgos.
Se trata de la primera vez que se realiza una trazabilidad completa de los precintos de caza «cotejados uno a uno, no digitalmente», ha subrayado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, acompañado por el teniente coronel jefe de la Comandancia de Ávila, Gustavo Dorda, y el jefe del Seprona en Ávila, Fernando Galera.
A los 74 investigados, dos de ellos de la taxidermia burgalesa, se les considera supuestos autores de varios delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, contra la flora, la fauna y animales domésticos -furtivismo-, encubrimiento y receptación.
Los investigados, entre los que figuran, además de los dos taxidermistas burgaleses, cazadores y gestores de cotos de caza, proceden de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Burgos, Palencia, La Rioja, Madrid, Cantabria, Córdoba y Granada.
Por su parte, los 105 cotos afectados por la caza presuntamente fraudulenta de 258 corzos, ciervos y gamos, se encuentran en Euskadi y Cantabria, y en las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Segovia y Málaga.
El responsable del Seprona en Ávila ha explicado que la «picaresca» empleada para cometer presuntamente estos delitos consistía en el uso de «precintos del mismo color y tipografía de hace 5 años, que volvían a utilizarse con la fecha actual».
«Se recibían corzos (en la taxidermia de Burgos) sin anotación o que ya estaban reutilizados», ha apuntado Francisco Galera, quien considera que en esta forma de actuar existe «un ánimo de lucro, tanto activo como cesante».
Por su parte, el teniente coronel, que ha hablado de un «trabajo de chinos» para analizar «uno por uno» los asientos de los libros, ha señalado que en un momento dado se tuvieron «sospechas de que había más caza de la que se podía producir en unos cotos», lo que hacía que sus poblaciones «se estuvieran reduciendo de una manera patente».
El responsable provincial del Seprona ha señalado que de esta manera «se cazaban más piezas» en los cotos de caza con el consiguiente «peligro de extinción» de determinadas especies.
Al mismo tiempo, una taxidermia burgalesa trataba de obtener beneficio económico «recepcionando trofeos de corzo sin precinto o con ellos reutilizados», según la Guardia Civil.
A partir de ahora «no lo van a tener tan fácil para escamotear 258 piezas«, ha advertido Gustavo Dorda, quien ha señalado que la Guardia Civil está controlando tanto los precintos como los libros de asiento.
Esta operación conocida ahora, tuvo su origen en otra desarrollada en Móstoles (Madrid), denominada Ro3buk, en la que se desarticuló otra trama de cazadores furtivos que manipulaba precintos de caza para reutilizarlos, llegando a investigar a 23 personas, entre ellas un taxidermista, y a intervenir, entre otros, 11 trofeos de corzo sin precinto.
