88 organizaciones, desde la sociedad civil o colectivos profesionales hasta instituciones y empresas, se han adherido al Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, Un compromiso compartido para acelerar la conformación efectiva del derecho a la vivienda. La firma del acuerdo, impulsado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, se realizó este miércoles en Bilbao con el objetivo de que para afrontar los retos de Euskadi en esta materia de forma efectiva, los diferentes agentes que actúan con la ciudadanía en el ámbito de la vivienda trabajen de manera alineada, compartida y colaborativa, con una perspectiva a medio y largo plazo.
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, recordó que ”el pacto social de 2010 fue inédito, pionero, y puso en el centro de las políticas de vivienda a la ciudadanía vasca y la colaboración entre diferentes. Hoy volvemos a rubricar el compromiso, con más adhesiones todavía que el acuerdo anterior y con el mismo fin de facilitar el acceso de todas las personas a una vivienda digna y adecuada, pero en circunstancias diferentes: con una ley de Vivienda que supuso un hito al incluir el acceso a la vivienda como un derecho de rango similar a la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, un reconocimiento en el que Euskadi fue pionera”.
Objetivos
En el Pacto Social por la Vivienda se establecen cuatro metas cuantitativas hasta 2036 y seis líneas de actuación prioritaria con el fin de cumplir con esos objetivos. Entre ellos destaca que el 5% de las viviendas principales de la comunidad autónoma se destinen a la oferta pública de alquiler asequible para 2036 (50.000 pisos). También que el parque de viviendas de protección pública permanente ascienda al 12% de las viviendas principales. Asimismo se plantea que en el horizonte de quince años se logre rehabilitar anualmente el 3% de los edificios, frente al 1,5% actual, lo que implica reformar 350.000 hogares en ese plazo –una de cada tres construidas, aproximadamente-. Entre las metas, también se establece la necesidad de que haya un parque de vivienda libre, tanto de obra nueva como hogares rehabilitados, para colectivos con recursos económicos suficientes.
Para lograr alcanzar las metas, el pacto prevé unas líneas de actuación prioritarias, con directrices para ponerlas en marcha. Por ejemplo una mayor inversión en vivienda apoyada en una fiscalidad incentivadora. Elevar de forma progresiva el gasto público en vivienda hasta que este se sitúe en el entorno del 1,5% del PIB, y que la inversión privada en rehabilitación se sitúe en el entorno del 5% del PIB, en línea con los países europeos más avanzados.
Tambień se buscará profundizar en la dimensión social de la política de vivienda. Se apuesta por conseguir una mayor integración de la política de vivienda con el resto de políticas sociales (servicios sociales, juventud, mayores, discapacidad, igualdad, empleo, etc.), poniendo en marcha servicios y programas que aporten respuestas más integrales a realidades como el sinhogarismo, las familias numerosas y el acceso a la vivienda de las personas jóvenes.
Hay otras líneas prioritarias como la de generalizar la inclusión de la vivienda en la agenda estratégica municipal, poniendo en marcha una línea de apoyo a la elaboración de planes locales de vivienda, conformar un sector de la construcción atractivo, reforzar el papel del Observatorio Vasco de la Vivienda, etc. También se aboga por poner en marcha un Foro de la Vivienda como espacio estable de participación y colaboración entre los agentes comprometidos a través del Pacto e impulsando procesos de participación ciudadana.
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