Las publicaciones realizadas en la cuenta de Gipuzkoa Confidencial vinculaban falsamente a algunas de las víctimas con el denominado caso Kote Cabezudo
(EFE). La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que suman 66 años de cárcel para el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola por las presuntas injurias y calumnias dirigidas a través de una red social contra políticos, jueces y periodistas guipuzcoanos. Entre algunas publicaciones realizadas presuntamente por Badiola, éste vinculaba falsamente a algunas de las víctimas con el denominado caso Kote Cabezudo.
Entre las personas presuntamente injuriadas por Badiola se encuentran el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el diputado del PSOE en el Congreso y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza.
La relación de presuntos agraviados la completan varios magistrados guipuzcoanos, una letrada de la administración de Justicia, tres responsables de la Hacienda foral de Gipuzkoa, un notario, un medio de comunicación y varios periodistas.
En concreto, el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, atribuye a Badiola quince delitos de calumnias hechas con publicidad, otros quince delitos de injurias graves, y quince más contra la integridad moral, así como dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con difusión de imagen.
Además de las citadas penas de prisión, la Fiscalía reclama que se impongan al encausado distintas multas por un importe de 1.350.000 euros, y que éste compense a sus víctimas con un total de 1.950.000 euros.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, para cometer los hechos el procesado se habría servido de dos perfiles Twitter, el primero de ellos entre octubre de 2015 y abril de 2018, momento en que fue suspendido por esta red social, y el segundo desde esta fecha hasta el 11 de mayo de aquel mismo año.
En este segundo perfil, “actuando con idéntico ánimo”, el inculpado habría vuelto a publicar “numerosos mensajes de contenido atentatorio” contra sus víctimas.
El documento de la Fiscalía vincula al procesado a estas cuentas, que operaban bajo el título genérico de “Gipuzkoa Confidencial”, a través de un informe de la Sección Central de Delitos en Tecnologías de las Información de la Ertzaintza.
El escrito sostiene que Badiola habría realizado “innumerables publicaciones” con “amplio medio de publicidad”, relativas a “personas de relevancia social, tanto autoridades como funcionarios públicos, así como empleados privados” con la supuesta intención de “menoscabar su imagen pública en todos los ámbitos de la vida, tanto personal como familiar, profesional y social“.
El escrito recalca que el inculpado habría actuado “con conocimiento de la falsedad de todo lo publicitado” y “con temerario desprecio a la verdad”.
“Dichas publicaciones -prosigue el texto- las realizó presuntamente el acusado en forma de textos escritos, adjuntando en multitud de ocasiones una variedad de fotografías pertenecientes a la gran mayoría de los perjudicados”, con lo que propició, “de forma premeditada” la “identificación” de todos ellos.
Las publicaciones realizadas en estas cuentas vinculan falsamente a algunas de las víctimas con el denominado caso Kote Cabezudo, en el que este fotógrafo donostiarra está encausado por distintos presuntos delitos de índole sexual contra varias de sus modelos cuando algunas de ellas eran menores de edad.
Otro de los agraviados es el magistrado que declaró el concurso de acreedores de la Real Sociedad en 2008, cuando Badiola era presidente del club donostiarra.
En este sentido el auto de conversión de esta causa judicial en Procedimiento Abreviado, que cerró la fase de instrucción y al que ha tenido acceso EFE, ya puso de manifiesto “la relación existente entre el investigado y los distintos juzgados y organismos públicos en los que han tenido intervención los perjudicados”, que habrían motivado presuntamente las citadas publicaciones en Twitter.
Otro de estos asuntos judiciales alude a la querella que Badiola interpuso en 2015 contra cinco responsables de la Diputación, entre ellos Markel Olano, por la supuesta condonación a la Real Sociedad de 6,4 millones de euros en el marco del proceso concursal que vivió el club donostiarra, y que quedó archivada en 2018, aunque posteriormente fue reabierta por la Audiencia de Gipuzkoa respecto a uno de ellos.
