(EFE). La abogada del niño de nueve años que denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de su tío en San Sebastián ha pedido una comparecencia para solicitar el ingreso en prisión provisional del hombre, después de que no haya entregado su pasaporte a las autoridades como ordenó la jueza del caso.
Los hechos se remontan al pasado 9 de enero, cuando la víctima y su progenitora denunciaron ante la Ertzaintza las presuntas agresiones sexuales a las que el menor habría sido sometido por parte de este familiar en distintas ocasiones a lo largo de los dos últimos años.
En este período de tiempo, el investigado habría aprovechado los momentos en los que se quedaba al cuidado del menor, mientras su madre se iba a trabajar, para supuestamente agredirlo sexualmente.
Enfermedad sexual
La abogada Beatriz Rodríguez Aparicio, que representa de oficio en este caso al menor y a su madre, solicitó ya en comisaría que la víctima fuera explorada por un forense y que se le realizaran pruebas para comprobar si había sido contagiado de alguna infección de transmisión sexual (ITS).
Las pruebas no llegaron a realizarse en aquel momento y, pese que la letrada, que ejerce la acusación particular, ha vuelto a pedirlas en distintas ocasiones durante el último mes, el menor no fue examinado hasta ayer por el forense de guardia.
Mientras tanto, el investigado, de nacionalidad extranjera, ha seguido en libertad provisional, a pesar de que el pasado 10 de enero la abogada ya pidió su ingreso en prisión.
Medida cautelar
No obstante, como medida cautelar para evitar su huida, la jueza que instruye el caso sí acordó la entrega de su pasaporte y le prohibió abandonar el país, además de obligarle a comparecer en los juzgados una vez cada quince días.
Sin embargo, ahora la jueza ha constatado, en una providencia notificada hoy a la que ha tenido acceso EFE, que finalmente el investigado «no ha dado cumplimiento» al requerimiento de entrega del pasaporte.
Una situación ante la que la abogada del niño ha remitido ya escrito al juzgado para pedir que «se acuerde de forma urgente comparecencia de prisión» para el investigado, con el objetivo de «salvaguardar a la víctima y garantizar la acción de la justicia», atendiendo al «evidente riesgo de fuga existente y a la ausencia de colaboración del investigado» con la justicia.
Un mes después
La letrada recuerda además que ya ha transcurrido un mes desde que se acordó la libertad provisional del hombre «con medidas cautelares penales» y con un «requerimiento» de entrega del pasaporte que finalmente «no se ha cumplimentado».
Por otra parte, esta misma letrada aclara en otro documento a la jueza que, tras la exploración que ayer realizó al menor el forense de guardia, este profesional desveló que no podía realizar al niño las pruebas diagnosticas de infecciones de transmisión sexual solicitadas, dado que se trata de unos test para los que la clínica médico forense no está facultada.
Por este motivo, la abogada ha pedido que la instructora acuerde ahora que, al haber sido admitidas, las pruebas se lleven a cabo a través del Servicio Vasco de Salud o «del organismo correspondiente».
Vulnerabilidad
Recuerda además que ya ha pasado un mes desde que se presentó la denuncia y que «desde las distintas instituciones se ha negado la revisión médica del menor y la profilaxis que corresponde en estos casos», con lo que «se ha creado una situación de vulnerabilidad» hacia el niño que resulta «incomprensible» .
Un contexto en el que el menor sigue además «expuesto a posibles consecuencias médicas por no ser tratado» de una ITS, en el caso de que finalmente «sea necesario».
El documento advierte también de que «se está creando una situación que está afectando a la salud de la madre, extranjera y sin recursos«, porque «a la dureza de aceptar lo que le ha ocurrido a su hijo» debe añadir el hecho de que «hasta el momento», ni por parte del pediatra ni por parte de la médico de urgencias, se le han realizado las pruebas de ITS «por indicación judicial», ni tampoco por parte el médico forense debido a la limitación de sus competencias.
Desvela además que esta mujer «tampoco ha podido acudir a la sanidad privada» para «tranquilizarse, al menos en este aspecto», debido a su precaria «situación económica».
