El bar Senra de la calle 31 de Agosto de la Parte Vieja de Donostia ha aparecido ‘adornado’ en las últimas horas como ilustra la foto y con las siguientes palabras destacadas en el cristal: «12 ordu, 7 egun, 1000E«, que es la información que más ha calado en la ciudadanía tras conocerse ayer la detención de tres personas en relación con la explotación de 21 trabajadores extranjeros que soportaban esas condiciones de trabajo en dos locales. 12 horas al día, 7 días a la semana y 1.068 euros mensuales.
En la información de la Policía Nacional se daban detalles sobre la operación abierta gracias a la denuncia de un ciudadano y se hablaba de dos restaurantes de Donostia, ambos regentados por el mismo empresario, con 21 extranjeros trabajando en situación irregular y con unas condiciones laborales deplorables. La información de la Policía Nacional incluía que los arrestados están acusados de defraudar más de 80.000 euros a la Seguridad Social.
El Diario Vasco concreta en su edición de hoy que el propietario de ambos restaurantes es el donostiarra E.S y que ambos locales son la Esquina de Senra en la calle San Jerónimo y el bar Senra en la calle 31 de Agosto. Este último es el de la foto. Hay otro en Gros con el mismo nombre, pero lleva años traspasado y no tiene relación con este caso.
Reacciones
En rueda de prensa el alcalde de San Sebastián Eneko Goia ha deseado esta mañana una «respuesta firme» ante una situación que ha calificado de «muy preocupante».
Por su parte el sindicato LAB ha incidido en que el sector de hostelería es «uno de los más precarizados, con altas proporciones de economía sumergida y empleo temporal». «Detrás de esa Donostia de postal reconocida por su gastronomía y hostelería subyacen unas condiciones laborales sangrantes para las trabajadoras que sostienen con sus cuerpos ese modelo de explotación. Racismo, clasismo, explotación y abusos son la otra cara de una moneda cada vez más violenta y excluyente»
Ayer reaccionó la asociación Hostelería Gipuzkoa con un mensaje contundente en que afirmaba que «calificar como empresarios de hostelería a personajes de este tipo no hace sino dañar la imagen de un sector compuesto, en Gipuzkoa, por más de 4.000 pequeños empresarios y autónomos que, día a día, abren sus establecimientos para dar servicio a la ciudadanía, cumpliendo fielmente con la legislación vigente». Y añadía que si se comprueban los graves hechos de los que se acusa a los detenidos, Hostelería Gipuzkoa espera que caiga sobre ellos «todo el peso de la ley y que, durante un tiempo, no puedan ejercer actividad económica alguna».
El sistema
La Policía nacional descubrió que la contabilidad de los dos locales era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero, de origen hispanoamericano, que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes.
Simultáneamente supieron que muchos de estos trabajadores habían venido a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales.
Así, cuando llegaban a San Sebastián, el dueño les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de sofocar la más mínima queja recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les estaban haciendo dándoles empleo.
Les obligaban a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, pagándoles 1.068 euros mensuales. Igualmente, a partir del verano pasado, les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.
Ante ello los investigadores activaron el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de explotación, informándoles de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.
El 12 de enero se detuvo a los tres investigados que, tras prestar declaración en comisaría, pasaron a disposición judicial, encontrándose actualmente a la espera de juicio.
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