La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián a tres personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.
La investigación se inició en noviembre del 2022, cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (IPTSS) de Gipuzkoa puso en conocimiento del Grupo Operativo de Extranjeros II (GOE) de San Sebastián la denuncia de un ciudadano informando que en dos restaurantes de Donostia, ambos regentados por el mismo empresario, había varios ciudadanos extranjeros trabajando en situación irregular y en condiciones laborales que vulneraban sus derechos.
Como consecuencia de esta denuncia el 9 de noviembre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo realizaron una inspección en sendos establecimientos, hallando en uno de ellos a doce trabajadores en situación irregular y sin contrato de trabajo y en el otro a nueve trabajadores más en las mismas condiciones que los anteriores.
Ante ello los investigadores continuaron con sus pesquisas, determinando que, tal y como constaba en la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los dos restaurantes eran regentados por el mismo empresario. Asimismo descubrieron que la contabilidad era llevada por un gestor que tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y por un tercero, de origen hispanoamericano, que hacía labores como encargado en uno de los restaurantes.
Simultáneamente supieron que muchos de estos trabajadores habían venido a través de este encargado, que les atraía con suculentas ofertas laborales.
Así, cuando llegaban a San Sebastián, el dueño les prometía que si trabajaban para él les facilitaría la documentación para legalizar su situación y les daría de alta en la Seguridad Social, ocupándose el encargado de sofocar la más mínima queja recordando a las víctimas su condición de trabajadores irregulares y el «favor» que les estaban haciendo dándoles empleo.
En este sentido les obligaban a trabajar doce horas diarias, de lunes a domingo, pagándoles 1.068 euros mensuales. Igualmente, a partir del verano pasado, les obligaban a firmar contratos de formación cada mes si querían ser regularizados y les aleccionaban para que dieran otra filiación si la inspección de trabajo u otra persona preguntaba por ellos.
Ante ello los investigadores activaron el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de explotación, informándoles de los derechos que les asisten, entre los que se encuentra la posibilidad de ser derivados a recursos asistenciales y de alojamiento dependientes de las Comunidades Autónomas.
El 12 de enero se detuvo a los tres investigados que, tras prestar declaración en comisaría, pasaron a disposición judicial, encontrándose actualmente a la espera de juicio.
Respuesta de Hostelería Gipuzkoa
Los empresarios de la hostelería gipuzkoana han manifestado en un comunicado que «calificar como empresarios de hostelería a personajes de este tipo no hace sino dañar la imagen de un sector compuesto, en Gipuzkoa, por más de 4.000 pequeños empresarios y autónomos que, día a día, abren sus establecimientos para dar servicio a la ciudadanía, cumpliendo fielmente con la legislación vigente».
Añaden que si se comprueban los graves hechos de los que se acusa a los detenidos, Hostelería Gipuzkoa espera que caiga sobre ellos «todo el peso de la ley y que, durante un tiempo, no puedan ejercer actividad económica alguna».
La entidad anima a los empresarios hosteleros a trabajar «con honradez» y apunta que la clientela es «inteligente» y sabrá cómo actuar ante casos como estos.
