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Entrevista con Stop Desahucios

“Recibimos llamadas permanentemente de donostiarras que no pueden pagar el alquiler”

Marce García y Rosa García, de Stop Desahucios, en la calle Igentea en una imagen de archivo. Foto: Santiago Farizano
29 May.20
Por: A. E. / Redacción
Tiempo de lectura: 6 minutos
La plataforma se ha manifestado hoy por primera vez desde el confinamiento por la situación de dos familias de Amara Viejo, y advierte de que la situación de crisis que se avecina va a provocar desastres

Stop Desahucios ha recuperado hoy el pulso de la calle con una movilización en favor de dos familias que residen en viviendas de la empresa Azora, en Amara Viejo, y que no han podido afrontar el alquiler durante el Estado de Alarma.  Así que podrían resultar desalojadas. La plataforma vuelve a la calle tras el confinamiento, sí, pero los del confinamiento no han sido meses de descanso precisamente. La grieta social que se ha abierto con el coronavirus fue patente desde el primer minuto y el teléfono no ha parado de sonar, como explican Rosa García, Arturo Val del Omo y Marce García. “¿Qué ocurrirá con familias que alquilan habitaciones por 400 euros y dependen de sectores como la hostelería o del trabajo doméstico?”, se preguntan mientras enarbolan su número de contacto (669428598) para quien lo necesite. 

Qué opina en Stop Desahucios de las medidas dirigidas a las viviendas durante la crisis. ¿Cuáles destacarían en positivo y qué ha faltado?

La medida mas importante del Gobierno vasco ha sido la de exonerar rentas desde abril a junio a personas afectadas por el Estado de Alarma en el parque público de viviendas de alquiler protegido. Incluyendo además por la petición de Stop Desahucios a los alojamientos dotacionales y las VPO privadas de alquiler regulado, es decir, importantes colectivos de alquiler como el de Benta Berri.

En el Estado hay una medida muy positiva: prorrogar seis meses todos los contratos que finalicen durante el Estado de Alarma hasta dos meses después, y prohibir los desahucios seis meses, aunque en este caso se exigen criterios de vulnerabilidad muy restrictivos. Pero las ayudas a hipotecas y alquileres a nivel estatal son insuficientes y benefician especialmente a los grandes caseros, a quienes se garantiza el cobro de las rentas, incluso con el aval del Estado en el caso de los préstamos ICO.

Por otro lado es cierto que en el Estado la Orden 336/2020 de 9 de abril prevé una ayuda que puede llegar hasta 900 euros mes durante seis meses (5.400 euros), y hasta 1.100 euros para buscar un alojamiento provisional a personas vulnerables, pero Euskadi ha rechazado esta ayuda y ha aprobado una de 250 euros al mes que es igual para todos, independientemente de las necesidades familiares o los niveles de renta, y que es insuficiente.

¿Qué deberían hacer las administraciones ahora?

Las consecuencias que tenga esta crisis sobre el tema de la vivienda dependerá en gran parte de cómo se gestionen otros aspectos. La gestión de los Ertes, cuántas empresas y autónomos vayan a sus negocios, el impacto del Ingreso Mínimo Vital, la crispación política, las ayudas desde Europa, etc, son factores múltiples y todos ellos tendrán su influencia en las dificultades para acceder a la vivienda y para pagar préstamos y alquileres.

Si antes del Covid había desigualdad y pobreza, esta terrible situación social se ha agravado y debe ser objeto de atención prioritaria. El gran problema es que las instituciones vascas no dan respuesta a la emergencia habitacional en la CAV. La importancia social de la vivienda en su conjunto no se ve reflejada en los presupuestos anuales. Este es el punto de partida que hay que cambiar para construir mas vivienda protegida en alquiler (como acaba de reconocer el Banco de España).

Al mismo tiempo nos parece fundamental la movilización de la vivienda deshabitada e incrementar las ayudas a la rehabilitación, que generan tres puestos de trabajo por cada puesto en la construcción, a cambio de incrementar el parque público de alquiler social.

Hace falta también una reforma fiscal en profundidad a favor del alquiler asequible y en contra de la especulación, y un control de las rentas en el mercado privado del alquiler para que ninguna familia vulnerable dedique mas del 30% de sus ingresos a pagar la renta, gastos de comunidad, impuestos, y suministros básicos, o mas del 15% si sus ingresos no superan el SMI.

Al bajar tanto el turismo se supone que muchas viviendas están pasando al alquiler convencional. ¿Tienen esperanzas de cara a que esto repercuta positivamente en los precios de los alquileres?

Es una de las pocas consecuencias positivas que puede traer esta crisis porque estábamos ante una situación de crecimiento insostenible de los precios de alquiler en Euskadi. Venimos reclamando un mayor control, una limitación y una regulación de las viviendas turísticas. Es triste que tenga que ser esta crisis y no la actuación política la que provoque estas consecuencias porque en cuanto desaparezca el virus volverá este problema.

Stop Desahucios estaba muy preocupado por la entrada de los fondos buitre en el Antiguo, primero, y después en la zona Centro. ¿Se sienten apoyados por el Gobierno municipal de cara a las posibles consecuencias?

En el Ayuntamiento de Donostia encontramos apoyo y mantenemos una colaboración estrecha con todos los partidos, incluidos los del Gobierno Municipal, cosa que debería extenderse a otros municipios porque el beneficio al final es para los ciudadanos. Hay que resaltar el compromiso adquirido por el Consistorio en el cumplimiento de la resolución del pleno del 24 de septiembre de 2015 por el cual se declaró Libre de desahucios y se comprometió a intermediar con entidades financieras y fondos de inversión para impedir desalojos.

Respecto a este tema de la irrupción de los Fondos Buitre: primero fueron Testa Socimi en 2016 y Blackstone en 2018 con las 520 viviendas de VPO de Benta Berri. Y en enero de este año Lazora tras la venta de las 320 viviendas por parte de Inmobiliaria Vascongada, momento en que el Gobierno Vasco debería haber ejercido el derecho de tanteo y retracto reconocido en el artículo 65.5 de la Ley de Vivienda Vasca para evitar que 320 familias donostiarras quedaran en manos de un fondo especulativo y éste pueda subirles los alquileres como ha hecho en Cataluña y Madrid.

En el caso de Benta Berri, el reto del Gobierno vasco y del Ayuntamiento de turno es cuando en julio de 2028 finalicen los alquileres tasados y Blackstone pretenda imponer subidas que la mayoría de los vecinos no pueda pagar. 

¿Temen que sean muchas las familias que empiecen a sumarse al problema de la vivienda a causa de esta crisis?

Esta pandemia ha sacado a luz la situación de muchas familias que se ven obligadas a compartir una vivienda por sus precios de alquiler abusivos. Se subarrienda una habitación por la que se viene pagando entre 350 y 400 euros a familias, muchas inmigrantes, cuyos ingresos provienen fundamentalmente como del trabajo doméstico y de la hostelería, actividades que durante este Estado de Alarma se han suspendido, por lo que, de repente, han dejado de percibir ingresos. No solo para poder pagar el alquiler, sino también para cubrir la alimentación y las necesidades básicas.

Hemos recibido llamadas y consultas durante este Estado de Alarma de donostiarras que no pueden pagar el alquiler. Cuando los caseros son pequeños propietarios, si no pueden aplazar el pago de la rentas o condonarlas, la única alternativa es la de los préstamos ICO. Pero es muy difícil reunir toda la documentación que exigen los bancos y, además, aunque hay tiempo hasta septiembre, estos todavía no han firmado los créditos para la ayuda al alquiler que puede alcanzar los 5.400 euros en seis meses, con lo que ahora mismo hay mucho nerviosismo.

Todos los datos de ERTES, paro, y empresas cerradas auguran una gran cantidad de familias con problemas.

¿Tienen en la plataforma cifras sobre familias para las cuales pagar el alquiler es una dificultad?

La vivienda se ha convertido en la principal causa de desigualdad y exclusión social en Euskadi. El informe FOESAA del año pasado es demoledor: el País Vasco es una de las comunidades con más desigualdad del Estado. 334.000 personas están en exclusión social y 360.000 más viven en la inseguridad, con miedo a quedarse en la calle, o en condiciones de habitabilidad precarias o sin acceso a suministros básicos.

Si antes de la pandemia muchas familias tenían que dedicar más del 50% de sus modestos ingresos al pago del alquiler, ahora en muchos casos sin ingresos es totalmente inviable. Por eso insistimos en que si los propietarios son grandes tenedores se condonen los alquileres a este tipo de colectivos. Insistimos también en que todas las personas que no puedan pagar el alquiler o la hipoteca nos llamen al teléfono 669428598. Más ahora que salimos del confinamiento.

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