No suele reunirse para celebraciones la plataforma Stop Desahucios, pero hoy precisamente la protesta frente al edificio de la calle Andia, en el Gobierno vasco, se ha tornado en feliz encuentro cuando Rosa García ha anunciado que Testa Residencial-Socimi, con sede en Madrid, ha presentado al Juzgado 2 de Donostia la solicitud de suspensión del desahucio previsto para este viernes. Así que Txomin, Bea y sus dos hijos podrán permanecer en su casa de Benta Berri.
«Esto no cae del cielo», ha expresado García. Stop Desahucios, tras conocer in extremis la situación de esta familia (que ya había pagado sus deudas) y haciendo gala de la intermediación del Ayuntamiento, se puso en contacto con el fondo de inversión para denunciar un desahucio que iba a llegar, además, cuando ya no hay deudas porque están todas pagadas. «Hace falta denunciar a los fondos buitre», ha expresado García en este contexto.
Ahora se le exige a la familia que pague las costas judiciales. Sin embargo la representante de Stop Desahucios considera que la exigencia «se la va a comer con patatas».
Los vecinos de estas viviendas en Benta Berri han hecho una plataforma para defender su situación residencial, que temen se complique en el futuro.
El origen del problema
Ha explicado Rosa García que en los años 90 el Gobierno vasco cedió por 75 años el derecho de superficie de estas viviendas a la UTE Benta Berri compuesta por Metrovacesa y Vallehermoso, que en 2016 se fusionaron con Testa Residencial-Socimi que gestiona hasta 12.000 viviendas en todo el Estado, entre ellas las VPO de Benta Berri.
Estas 450 viviendas fueron adjudicadas por sorteo efectuado por el Gobierno vasco a los solicitantes que no tuvieran vivienda en propiedad, y cuyos ingresos estuvieran comprendidos entre 3.000 y 39.000 euros anuales.
Txomin y Bea firmaron el contrato de arrendamiento el 24.11.1998 y las condiciones estaban supervisadas por el Gobierno vasco (cuota inicial y sus revisiones, duración y prorrogas) durante 30 años, plazo que finalizó el 17.11.2028, fecha en la que el actual propietario, Testa-Socimi-Blackstone, podía fijar las cuotas según el libre mercado.
De ahí que Stop Desahucios haya aprovechado este caso para lanzar un aviso a Ayuntamientos y CAV que hayan cedido el derecho de superficie para construir viviendas de VPO de alquiler a UTES inmobiliarias que en la actualidad pueden pertenecer a “fondos buitre”.
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