La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha advertido este jueves en Donostia del previsible aumento de desahucios tras el fin del denominado escudo social, que hasta febrero permitía suspender los lanzamientos de familias vulnerables.
En una comparecencia en el Boulevard, acompañada por familias afectadas y representantes políticos y sociales, la plataforma ha denunciado que grandes tenedores como entidades financieras y fondos de inversión han comenzado a reactivar procedimientos que habían quedado paralizados.
Entre los casos expuestos, se encuentran los de una vecina de Irun con cinco hijos, para la que reclaman un contrato de alquiler social de larga duración, y el de un residente en Donostia. También han señalado situaciones en municipios como Lasarte-Oria o Errenteria, con familias que cuentan con menores a cargo y tienen reconocida su vulnerabilidad por los servicios sociales.
Según han explicado, estos casos reflejan una problemática más amplia que afecta a miles de hogares. Solo en Donostia e Irun se han emitido más de doscientos informes de vulnerabilidad en los últimos meses para poder acogerse a las medidas de protección.
Además de los procedimientos ligados a impagos, la plataforma ha puesto el foco en los desahucios derivados de la finalización de contratos de alquiler. En este sentido, han recordado que varias familias se han acogido a las prórrogas extraordinarias previstas en la Ley de Vivienda en zonas tensionadas, aunque estas están siendo recurridas en los tribunales.
Stop Desahucios ha advertido de que, si estas prórrogas no son avaladas judicialmente, la situación podría agravarse en un contexto en el que miles de contratos de alquiler finalizarán este año en Euskadi.
Ante este escenario, la plataforma ha reclamado a las instituciones medidas urgentes para ampliar el parque público de vivienda en alquiler y garantizar alternativas habitacionales a las familias vulnerables. Entre sus propuestas figuran la mediación con grandes tenedores para evitar desalojos y la incorporación de viviendas vacías al sistema público.
Asimismo, han insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de control del mercado del alquiler para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en municipios tensionados.
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