San Sebastián, 5 sep (EFE).- La plataforma Stop Desahucios ha asegurado este sábado que el «tsunami de desahucios por finalización de contratos» que anunció en las últimas semanas ya «ha comenzado» y ha opinado que «se agravará si las administraciones implicadas no actúan de forma urgente y valiente».
Stop Desahucios hace esta reflexión en un comunicado que ha difundido en una rueda de prensa, celebrada ante la delegación del Gobierno Vasco en San Sebastián para dar a conocer los 13 casos de familias guipuzcoanas contra las que se han presentado sendas demandas de desahucio tras la finalización de sus contratos de alquiler y de otras tres que han visto reanudados sus procesos de lanzamiento después de la conclusión del denominado ‘escudo social’.
En su nota, Stop Desahucios explica que todas ellas se han acogido a las prórrogas extraordinarias de tres años de duración que regula la Ley de Vivienda en los municipios tensionados, «dado que sus arrendadores no les han querido renovar sus contratos, con la intención de obtener más beneficios».
50 solicitudes
«Hasta ahora hemos tramitado más de 50 solicitudes de prórrogas extraordinarias de inquilinos al corriente en el pago de sus alquileres», revela la plataforma, que recuerda que, según datos del Gobierno Vasco, este año finalizarán en Euskadi 26.000 contratos, 9.000 de ellos en Gipuzkoa.
Ante esta situación, Stop Desahucios sostiene que «el objetivo de grandes y pequeños rentistas de no renovar los contratos en municipios tensionados es seguir especulando», para lo que «esquivan la regulación de precios de la Ley de Vivienda» y «ofrecen, con la complicidad de agentes inmobiliarios las viviendas como alquileres temporales o de habitación», o bien las venden «aprovechando que el metro cuadrado ha superado el precio de la burbuja inmobiliaria».
«De este modo -añade-, los compradores son fondos y empresas que las adquieren para incrementar el negocio del alquiler y no para habitar en ellas».
Por estas razones, denuncia «el boicot a la Ley de Vivienda instado por grandes tenedores y agentes inmobiliarios que aconsejan a los pequeños rentistas finalizar los contratos de alquiler en municipios tensionados», al tiempo que apela «a la sensibilidad social de los jueces» para «validar las prórrogas extraordinarias de los contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en zonas muy tensionadas por la crisis habitacional».
Alquiler social
Al mismo tiempo, exige al Gobierno Vasco el incremento de las viviendas de alquiler social, ya que «el parque actual de 25.000 viviendas públicas está totalmente desbordado para atender la demanda de más de 100.000 inscritos», si bien reconoce el «esfuerzo» que están realizando los ayuntamientos en municipios tensionados y la Consejería del ramo para «dedicar suelo público a la construcción de estas viviendas».
Además, reclama al Departamento vasco de Vivienda y a Kontsumobide que «inspeccionen el incumplimiento por parte de portales y agentes inmobiliarios de la Ley de Vivienda en municipios tensionados ofreciendo alquileres especulativos que no respetan la última renta o los índices de referencia».
Asimismo, insta al Gobierno central a que apruebe en el Consejo de Ministros de este mes el Real Decreto-Ley que regula las prórrogas de dos años y los contratos temporales y de habitación que quedó pendiente el pasado mes de julio.
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