(EFE). El juicio con jurado por la muerte del menor Santi Coca, fallecido en 2019 tras recibir una paliza en San Sebastián, ha quedado suspendido este jueves, después de que todas las partes personadas hayan solicitado su aplazamiento al encontrarse en paradero desconocido uno de los seis acusados.
Estaba previsto que el juicio arrancara este mismo viernes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa con la elección de los miembros del jurado y que el lunes siguiente comenzaran las sesiones de la vista oral propiamente dichas, que deberían haberse prolongado hasta el 17 de marzo.
No obstante, ante la fuga de uno de los inculpados, el Ministerio Público formuló el pasado viernes una petición de aplazamiento, a la que este miércoles se sumaron tanto la familia de Santi Coca como la acción popular, que ejerce el Ayuntamiento de San Sebastián, y las defensas de todos los inculpados, incluida la del procesado que continúa en paradero desconocido.
Suspensión a la vista
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado presidente del tribunal, quien se hizo cargo de este asunto el pasado febrero, se ha hecho eco ahora de todas estas peticiones y ha acordado la suspensión de la vista, «a los efectos de conceder un plazo razonable» de «aproximadamente seis meses» para ver si el «acusado rebelde» es hallado, lo que haría posible «un enjuiciamiento unitario» de los seis procesados.
«Debido a la propia idiosincrasia del procedimiento y a las particulares circunstancias que acaecen, la decisión lógica, proporcionada y aconsejable es acceder a la suspensión», aclara el documento, que destaca además el hecho de que la solicitud de suspensión que hizo la Fiscalía «ha contado con la explícita aquiescencia» del resto de partes.
«La circunstancia de que todas ellas se muestren de acuerdo» en este aspecto no puede ser desoída «aún cuando propiamente no exista cobertura normativa para ello», precisa el texto, que apela también a «la necesidad de poder evitar, en la medida de lo posible, una duplicación de enjuiciamientos» en el «previsible supuesto» de que el fugitivo sea hallado.
Consecuencias
Una situación -detalla- que, «además de otras muchas consecuencias perturbadoras de naturaleza estrictamente procedimental, supondría indefectiblemente un incremento de la revictimmización» para las «personas perjudicadas» en especial para «los familiares directos del fallecido», quienes deberían «afrontar» dos juicios.
Esta situación produciría, a su entender, «una reiteración de los efectos conturbadores y gravemente desasosegantes» que supone «un juicio de esta naturaleza» tanto para las víctimas como para sus allegados.
Asimismo, el auto también alude a la «razonable posibilidad de que en un lapso de tiempo más o menos cercano el acusado rebelde sea hallado y puesto a disposición» de la justicia, algo para lo que ya han sido cursadas las correspondientes órdenes de detención, tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.
«No es tampoco baladí el hecho de que se trate de un juicio con tribunal del jurado», con la «complejidad» que conlleva este tipo de procedimiento, a la que se suma el hecho de que son seis los acusados, algo que aumentaría «de manera indudable la dificultad enjuiciadora» si la vista oral finalmente se celebrara de forma separada para los distintos procesados.
Testigos y peritos
El auto recuerda, en este sentido, que se prevé en el juicio la declaración de «hasta un total de 46 personas en calidad de testigos» y de más de 25 peritos o testigos-peritos».
«Por ello -continúa-, la eventual posibilidad de que se hubiera de volver a celebrar otro juicio» respecto al fugado supondría «un evidente trastorno para todos» ellos, que «se podría evitar con el enjuiciamiento de todos los acusados en un solo acto».
Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 26 de abril de 2019 en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra donde, tras recibir la paliza, Santiago Coca, que por entonces tenia 17 años, fue atendido por varios equipos sanitarios que luego lo trasladaron al Hospital Donostia donde falleció después de permanecer dos días en coma.
Cada uno de los seis acusados se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.
El Ayuntamiento de San Sebastián reclama quince años de prisión para cinco de los procesados, si bien eleva hasta los veinte años su solicitud para el joven fugado, a quien atribuye haber propinado a Coca, de 17 años de edad, la «última y brutal patada en la cabeza» cuando ya había perdido el conocimiento.
