(EFE). El eximán de la mezquita de Herrera, en San Sebastián, Mohamed C., se enfrenta a 9 años de cárcel por captar y adoctrinar en el yihadismo a jóvenes marginales y a niños, entre ellos a sus tres hijos, así como por recaudar fondos para la Yihad (acumulaba 111.000 euros en 12 cuentas).
Este seguidor de los Hermanos Musulmanes, detenido en noviembre de 2020, se sentará a partir del lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a uno de sus acólitos, Anass E. Para este segundo acusado la Fiscalía pide 5 años de prisión también por un delito de adoctrinamiento yihadista.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal expone que el principal acusado tenía «un papel directivo, de liderazgo» del que se valía para reclutar jóvenes en exclusión social a través de la asociación Kolore Guztiak, dedicada a la integración, sobre todo de inmigrantes, y que dispone de varios pisos en convenio con la Diputación de Gipuzkoa para los chavales en proceso de emancipación.
Debido a su condición de eximán y de responsable de la asociación ASSAFWA Cultural Islámico, «tenía una gran capacidad de influencia sobre los fieles musulmanes de la comunidad de San Sebastián», relata la Fiscalía.
De este modo, señala, «tuvo acceso a un elevado número de fieles (incluidos niños), para realizar una labor de captación, adiestramiento, propaganda y adoctrinamiento» tanto a través de la red de Internet como presencial.
Su modelo de captación y adoctrinamiento, detalla la Fiscalía, sigue el manual yihadista «A Course in the Art of Recruiting», que incita a la Yihad y ofrece las herramientas para ello a los jóvenes musulmanes, especialmente los que residen en barrios marginales.
En el momento de su detención, la Fiscalía asegura que estaban realizando actos de captación en tres jóvenes marroquíes en situación de exclusión social y beneficiarios de ayudas sociales proporcionadas por el Gobierno Vasco.
Dichos jóvenes han tenido relación a través de los pisos de Kolore Guztiak, así como por las actividades de ocio y deporte de dicha asociación, lo que les ha permitido convivir o compartir tiempo de ocio, como las actividades del Salam Boxing Team.
El principal acusado también obligaba a sus hijos a realizar actividades físicas con la finalidad de adiestrarles para la Yihad, como la práctica de boxeo y Kick Boxin o musculación.
Su actividad a través de las redes sociales ha sido también «masiva, sostenida en el tiempo, al menos desde el año 2012, y con una enorme capacidad de divulgación de contenidos», contaba en sus dos perfiles en Facebook con 10.000 amigos (el máximo permitido por la red social).
Se le relaciona con los condenados por terrorismo Elmehdi Kacem Khoyi y Yassine EL Mehdi. El primero, que fue colaborador suyo en la actividad de boxeo de la citada asociación, tenía previsto desplazarse a Turquía para unirse a Yahya Nouri, otro joven marginal con residencia en San Sebastián que se había unido al Dáesh meses antes, con intención de cometer un atentado en París en 2016. También se le vincula con otro detenido en Marruecos y que tenía la intención de atentar en la Semana Santa de Sevilla.
De la investigación patrimonial se desprende también que Mohamed C. es titular de una cantidad «anormal» de cuentas bancarias (12), «sobre todo a la vista su bajo poder adquisitivo», apunta el fiscal. Descontando los gastos cotidianos, contaba con 111.586,26 euros y «se desconoce su destino».
Se sabe que se ha desplazado a Francia y Bélgica para recaudar dinero en mezquitas de corte radical, actividad que realiza «observando fuertes medidas de seguridad y compensa con hasta 300 euros por persona para acompañarle en los viajes».
El fiscal le acusa por todo ello de haber realizado una importante labor de recaudación de dinero, incluso solicitando en redes sociales financiación para la Yihad.
Del análisis del talonario de recibos se puede constatar las cantidades de dinero que el investigado puede recaudar en cada viaje que realiza por Francia. Los catorce resguardos fechados entre el mes de febrero a octubre de 2020 suman un total de 7.612 euros.
La Fiscalía también le retrata como perceptor de ayudas de protección social a cargo de diferentes administraciones públicas y que habría defraudado a las administraciones públicas.
En este sentido ya fue detenido en 2012 por delitos de estafa, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Se cree además que habría utilizado la asociación para favorecer la regularización de determinadas personas, ayudándolas a conseguir permiso de residencia.
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