El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha puesto en duda que la calidad del aire en el centro de Donostia haya mejorado tras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La entidad cuestiona los datos difundidos recientemente por el concejal de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente, Iñigo García, quien aseguró que el nivel de dióxido de nitrógeno (NO₂) -un contaminante directamente vinculado al tráfico rodado- se ha reducido en un 19% en los seis primeros meses de funcionamiento de la medida.
El RACVN considera que una sola estación de medición, ubicada en la calle Easo, no es suficiente para evaluar la calidad del aire en el conjunto del área afectada. Además recuerda que el periodo de análisis incluye los meses de verano, con alta afluencia turística y tráfico intenso, lo que, a su juicio, “no se corresponde con una reducción real de la contaminación”.
El club cuestiona también la metodología y la transparencia de los datos, y se pregunta si las mediciones se han realizado en las mismas condiciones que en años anteriores o con instrumentos homologados. En su comunicado, el RACVN interpreta las declaraciones municipales como “un argumento oportunista a favor de la ZBE más que un análisis riguroso”.
La entidad, que mantiene recursos judiciales contra la implantación de la ZBE en Donostia, sostiene que “la contaminación en el centro de la ciudad era y es inexistente” y acusa al Ayuntamiento de impulsar una política “que excluye a la ciudadanía según su poder adquisitivo”.
Según el RACVN, la ZBE “fomenta la compra de vehículos eléctricos e híbridos” y, con ello, “la generación de chatarra y el uso de materiales como el litio y el cobalto, extraídos con procesos altamente contaminantes”. Por ese motivo, el club defiende prolongar la vida útil de los vehículos actuales, al considerar que los motores modernos son cada vez menos contaminantes y más eficientes.
El comunicado concluye que la ZBE no garantiza un aire más limpio, ya que “no impide la llegada de contaminación desde las zonas colindantes”, y denuncia que “restringir la circulación en función de la capacidad económica convierte la sostenibilidad en un factor de exclusión”.
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