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Elkarrekin Donostia: “La ordenanza anulada por el TSJPV ha fomentado el negocio y la especulación”

Aitzole Araneta. Foto: Ayto.
17 Ene.20
Por: A. E. / Redacción
Tiempo de lectura: 2 minutos
Archivado en:
La coalición reclama al gobierno de PNV y PSE un giro en las políticas del sector

Elkarrekin Donostia ha reaccionado a la anulación de la Ordenanza de viviendas turísticas por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al igual que ha hecho EH Bildu esta mañana el grupo municipal ha recordado que en el momento en el que se aprobó la ordenanza de pisos turísticos sus concejales denunciaron que este asunto no se podía resolver a través de este instrumento y que éste iba a empeorar la situación de la vivienda en la ciudad. La coalición ha reclamado al gobierno de PNV y PSE un giro en las políticas de vivienda para poder garantizar que la ciudadanía donostiarra pueda desarrollar un proyecto de vida digno en la ciudad. 

La portavoz del grupo Elkarrekin Donostia, Aitzole Araneta, ha denunciado que “con la ordenanza ahora anulada por el TSJPV se ha fomentado el negocio y la especulación”.

La portavoz ha señalado que “la ordenanza ha flexibilizado lo que establecía el PGOU y con ello se ha producido un incremento notable de pisos turísticos, permitiendo legalizar más de 900 pisos que eran ilegales según la norma del Plan General. La presión que ejercen los más de 1.200 pisos turísticos más aquellos que fuera de la norma estén haciendo negocio provoca que la ciudad siga batiendo récords en los precios del alquiler”. En este sentido, ha recordado que un portal inmobiliario publicaba recientemente que Donostia supera los 1.300 euros de alquiler medio.

El grupo municipal Elkarrekin Donostia ha manifestado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que anula la ordenanza de pisos turísticos y el artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que justificó la misma, coincide con las alegaciones que presentó el grupo municipal Irabazi Donostia de la anterior legislatura, en relación a la inseguridad jurídica que implicaba desarrollar una ordenanza para regular el uso de las viviendas turísticas, y que esa regulación debía hacerse a través de una ordenación estructural o pormenorizada, y no a través de una ordenanza.

 

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