La empresa Jaureguizar, propietaria de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler en Errenteria, ha expresado hoy en un comunicado que es «la Administración quien debe, en último término, procurar la solución definitiva al problema de la vivienda». Y ha colocado en el techo de las instituciones la solución a este conflicto que trae de cabeza a 40 familias.
Jaureguizar asegura que está colaborando con las administraciones, tanto local como autonómica. «Entre las alternativas viables, Jaureguizar ha ofrecido tanto al Ayuntamiento de Errenteria como al propio Gobierno Vasco la posibilidad de adquirir el inmueble con el propósito de dar continuidad al alquiler protegido bajo su iniciativa, coadyuvando así al incremento del parque de viviendas de titularidad pública dedicadas al arrendamiento social.
Es la respuesta de al empresa al último ofrecimiento del Gobierno vasco, que abogaba por que Jaureguizar mantuviera los alquileres protegidos a cambio de ayudas institucionales. Sin embargo empresa afirma que «estas ayudas al arrendamiento social establecidas en la Orden de 7 de diciembre de 2021 distan mucho de compensar el esfuerzo que supondría asumir una responsabilidad que compete a las administraciones».
Jaureguizar incide también la empresa en que en estos 15 años en los que ha gestionado el alquiler de estas viviendas, en virtud del convenio de colaboración suscrito con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, ha cumplido «con todas y cada una de las obligaciones acordadas».
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