Cáritas Gipuzkoa atendió a 10.183 personas en situación de pobreza o exclusión social a lo largo de 2025, aunque la entidad advierte de que detrás de las cifras persiste una realidad compleja y prolongada: casi una de cada cuatro personas acompañadas el año pasado ya acudía a sus servicios antes de 2023.
La memoria anual, presentada este martes por el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, junto al director de Cáritas Gipuzkoa, José Ramón Aramendi, el secretario general José Emilio Lafuente, la administradora Kontxi Elexpe y el delegado diocesano Patxi Aizpitarte, recoge que las más de 10.000 personas atendidas conformaban 4.065 hogares.
Bajo el título ‘Escuchar la realidad, renovar la esperanza’, la memoria subraya que la exclusión social continúa vinculada a la acumulación de problemas relacionados con ingresos, empleo, vivienda, vínculos sociales o barreras administrativas.
Aunque el número de personas atendidas mantiene la tendencia descendente de los últimos años, Cáritas enmarca esta evolución en un contexto de mejora parcial de algunos indicadores sociales y de mayor cobertura pública, especialmente tras la reforma de la RGI y la implantación del IMV. Sin embargo, la entidad insiste en que persisten situaciones de exclusión prolongadas y procesos difíciles de revertir.
El perfil mayoritario de las personas acompañadas muestra una realidad marcada por la juventud y la migración. El 52% de las personas atendidas fueron mujeres, el 54% tenía entre 18 y 44 años y un 21% eran menores de edad.
Además, el 86% de las personas atendidas era de origen migrante y, dentro de este grupo, un 64% se encontraba en situación administrativa irregular, una circunstancia que, según la entidad, limita el acceso al empleo, la vivienda, el empadronamiento, la protección social o los procesos de arraigo.
La memoria vuelve a señalar la vivienda como uno de los grandes factores de vulnerabilidad. Durante 2025, Cáritas Gipuzkoa destinó 937.544 euros a vivienda, alojamiento y atención residencial, alcanzando a 2.444 personas.
En total, la organización destinó 2,27 millones de euros a ayudas económicas directas, principalmente para cubrir necesidades básicas, vivienda, suministros, formación y empleo.
Cáritas insiste en que la exclusión social requiere respuestas más integrales y reclama reforzar las políticas públicas relacionadas con la vivienda, el acceso a derechos, la regularización administrativa, el empleo y el fortalecimiento comunitario.
La entidad sostiene actualmente su actividad gracias a la labor de 861 personas voluntarias, 74 personas contratadas y cerca de 1.800 socios y donantes activos. Más información: José Emilio Lafuente, Cáritas Gipuzkoa: “El sistema de extranjería está saturado y muy burocratizado”
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