La organización internacional se muestra “especialmente” preocupada por lo que considera una “limitación del derecho a la información”
(EFE).- La organización ecologista Greenpeace ha acusado este martes al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) de pretender “criminalizar”, con el “apoyo” de las “instituciones”, a GuraSOS, el colectivo contrario a la incineradora de Zubieta.
“Tenemos claro que la incineradora no es más que un parche para la mala gestión de los residuos. Lejos de suponer una solución, no está más que agravando la situación”, recalca Greenpeace en una nota, en la que se muestra “especialmente” preocupada por “la posición que está tomando la administración” en este asunto, “limitando el derecho a la información” y “poniendo a la población y al medio ambiente en peligro por no querer asumir el reto de hacer las cosas bien”.
“Además -añade-, es alarmante que, en vez de hacer un trabajo interno y esclarecer responsabilidades, desde GHK, con el apoyo de las instituciones, se pretenda criminalizar a GuraSOS“, un colectivo social que, según indica, “está ejerciendo su derecho” a denunciar presuntas “irregularidades” relacionadas con esta infraestructura.
El colectivo conservacionista recuerda, en este sentido, que GurasSOS ha interpuesto “diversas denuncias en instancias judiciales, ante el Ministerio Fiscal y ante la Comisión y el Parlamento Europeo” que, “además del incumplimiento de la directiva de residuos y la ausencia de participación, abarcan entre otras, la de fraude en la contratación y a las normas de estabilidad presupuestaria”.
La plataforma ecologista explica también que la Consejería de Medio Ambiente “ya ha sido amonestada por la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública por la falta de transparencia, lo que agrava la preocupación por los efectos negativos que sobre la salud y el medio ambiente puede estar provocando la instalación”.
“Más aún -agrega- teniendo en cuenta que desde el inicio de las obras se han conocido ocho episodios de vertidos, incendios, accidentes industriales y un grave accidente químico que se investiga por delito ecológico”.
Greenpeace precisa además que, “en una ocasión, la concesionaria de la incineradora ha sido sancionada en firme por el Departamento de Industria, a raíz de uno de los accidentes industriales, con el agravante de ocultación de accidente”.
Por este motivo, muestra su preocupación “frente a los hechos acontecidos los últimos meses en torno al proyecto de la incineradora de Zubieta” y “al papel que están jugando desde las autoridades hacia los colectivos sociales”.
“El proyecto, oficialmente denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, ha estado rodeado desde su puesta en marcha de graves irregularidades y las autoridades competentes (Diputación foral y GHK) han incumplido reiteradamente los deberes de información, participación y acceso a la justicia”, subraya Greenpeace.
Critica asimismo que, “desde las autoridades competentes, en lugar de iniciar las correspondientes investigaciones internas y la depuración de responsabilidades, hayan amenazado públicamente con iniciar acciones legales por difamación contra el GuraSOS”.
“Además -prosigue- han solicitado acciones disciplinarias contra el interventor de una Mancomunidad de Residuos que solicitó información para estudiar las denuncias de quebranto económico”.
“Este tipo de actuaciones, conocidas como SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública, por sus siglas en inglés), supone una merma en la gobernanza democrática, puesto que debilita la capacidad de las organizaciones sociales para cumplir su función de control de la ciudadanía sobre las actuaciones de empresas o gobiernos”, concluye Greenpeace.
