La asociación naturalista Haritzalde se congratula de que este jueves el pleno municipal de Donostia aprobara la moción por la cual se insta al Gobierno Municipal a que acuerde sin dilaciones el procedimiento de ejecución subsidiaria en la zona ilegalmente degradada de Belartza Alto con restitución a su estado anterior. «El posicionamiento político, aunque más de un año tarde tras la sentencia, viene a uno con lo que esta asociación lleva reclamando desde el año 2016 tras denunciar los vertidos ilegales de la empresa VUSA en un entorno natural que debe ahora ser medioambientalmente restaurado», incide Haritzalde.
Desde la asociación esperan ahora que se proceda con carácter urgente a la redacción del proyecto para la restauración y regeneración medioambiental de la zona afectada, que según establece la sentencia debe devolverse al estado anterior al macrovertido ilegal. Además Haritzalde vuelve a solicitar al Ayuntamiento donostiarra la reclasificación de la zona de industrial a rural y su inclusión en el Parque Rural Unanue adyacente, suelo rural protegido por su alto valor ecológico y paisajístico.
Antecedentes
Recuerda la entidad que en la primavera de 2016 en el ámbito de Belartza Alto se depositaron más de 120.000 m3 de rocas y residuos procedentes de la antigua cantera que ahora acoge el hipermercado Mercadona y Mc Donalds. «Tras las denuncias de ecologistas y vecinos el Ayuntamiento de Donostia emitió una licencia de obra para legalizar las cuatro hectáreas de vertido. A sabiendas de la ilegalidad de dicho título administrativo Haritzalde, sin amparo municipal, tuvo que recurrir a los tribunales, cuestión que fue reconocida en el fallo de la sentencia 219/2019 del TSJPV el 26 de junio de 2019.
El Ayuntamiento de Donostia es conocedor del fallo y su contenido desde dicha fecha, donde se establece a VUSA (Valeriano Urrutikoetxea S. A.) como responsable de la obra clandestina y la administración municipal como responsable de la licencia ilegal. El mandato judicial en cambio, que había de haberse cumplido sin condiciones, no ha sido ejecutado pese a habérsele dado un plazo improrrogable de 2 meses para la restitución de la zona ya en el año 2019.
Este plazo inexcusablemente incumplido del título judicial ejecutivo, nada tiene que ver con el procedimiento administrativo que Ayuntamiento y VUSA mantienen tras incumplir la empresa los términos de la licencia ilegalmente otorgada por el Ayuntamiento.
