Esta semana se ha presentado en sociedad la Plataforma estatal de organizaciones de familiares de mayores y usuarias de residencias. Precisamente Gipuzkoako Senideak es una de las quince entidades que la forman. Además de las asociaciones vascas, están presentes en este colectivo las de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Valencia y Baleares. Todas con problemas particulares, sin duda (en el caso de Gipuzkoa los días 20 de mayo y 14 de junio volverá a haber paros y son 250 jornadas de huelga las que las trabajadoras llevan en total), pero todas están unidas por el dolor de lo ocurrido durante la pandemia.
Según el informe Enfermedad por coronavirus en Centros Residenciales publicado por el Imserso en marzo, al menos 29.408 usuarios de residencias habrían muerto a causa del Covid-19 desde el inicio de la pandemia en España. Y averiguar dónde radica la debilidad del modelo y corregirlo es una necesidad esencial del sistema, sin duda, pero sobre todo para aquellos que han sabido que los suyos se morían en los centros.
“Se requiere en los parlamentos un relato exhaustivo de lo que ha sucedido en las residencias durante la pandemia, así como exigir en la agenda de todos los gobiernos un cambio de rumbo que evite el actual maltrato institucional a los derechos de las personas mayores”, afirma la plataforma.
Todos los martes Gipuzkoako Senideak se reúne frente a la Diputación para pedir que intervenga en el conflicto laboral al que responsabiliza en parte importante de lo sucedido en los centros. La asociación, además, se ha mostrado muy crítica con el ‘manejo’ de la pandemia y especialmente con las restricciones que ha sufrido la relación con sus mayores.
Esta misma semana, por cierto, los residentes en los centros vascos podrán empezar salir cuando quieran de paseo y recibir hasta tres visitas semanales.
Decálogo de la plataforma estatal
En su presentación, esta semana, la plataforma estatal ha hecho público un decálogo. Sobresalen varias ideas y ésta sin duda una de las principales: “El cuidado de las personas mayores y dependientes debe entenderse como
un servicio público, no como un negocio para enriquecer a empresas del IBEX-35, grupos multinacionales y fondos de inversión. Por ello demandamos servicios públicos de gestión pública porque es la única manera de evitar la especulación con los derechos de las personas más vulnerables”.
Respecto a las plantillas la plataforma recalca que la existencia del personal suficiente marca la frontera entre «vivir los años en una residencia con calidad y dignidad o convertirlos en un infierno».
Respecto a la atención médica afirma que “el control de la salud de los residentes debe hacerse desde la sanidad pública, siendo los referentes los Centros de Atención Primaria”.
Respecto a las inspecciones: “Urge la intervención y regulación de la alimentación en las residencias: la evaluación del estado nutricional, los factores de riesgo y patologías asociadas a la alimentación; la intervención nutricional en los síndromes geriátricos; la calidad nutritiva de los alimentos, etc.”
La plataforma echa a andar con ideas y unas reivindicaciones dirigidas únicamente a la mejor situación de los más mayores: “Las residencias no deben superar las 60 plazas con habitaciones individuales para procurar el respeto a la intimidad y la mejora de sus condiciones de vida, ofreciéndoles a los mayores un espacio vital propio”, afirma el colectivo.
