Stop Desahucios ha denunciado la reactivación del proceso de desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad en Irun, formada por Lorena y sus hijos, después de que Kutxabank haya solicitado retomar el procedimiento judicial.
El colectivo ha convocado una rueda de prensa con concentración este jueves 23 a las 11:00 horas en el kiosko del Boulevard de Donostia, donde explicará el caso y dará voz a personas afectadas por procesos similares. Entre ellas estará la propia Lorena, así como otros inquilinos que afrontan desahucios por “alquileres inasumibles” o por la finalización de contratos no renovados, “pese a la prórroga legal vigente”.
Desde la plataforma reclaman a la entidad financiera “la retirada de la demanda de desahucio” y la firma de “un contrato de alquiler social de siete años” para la familia afectada.
Stop Desahucios enmarca esta situación en la no prórroga del denominado “escudo social”, que hasta ahora suspendía los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Según recuerdan, esta medida decayó tras los votos en contra de PP, Vox y Junts en el Congreso, y afectaba a más de 60.000 hogares en el conjunto del Estado, además de a centenares en Euskadi.
El colectivo también ha anunciado que trasladará esta reivindicación al Ayuntamiento de Irun para que respalde a la familia ante Kutxabank. Asimismo, advierte de que “no va a permitir desahucios de familias vulnerables” y señala otros casos recientes, como el de un vecino de viviendas de protección oficial en Benta Berri, cuyo lanzamiento habría sido solicitado por Testa-Blackstone tras una suspensión previa.
Durante la comparecencia, Stop Desahucios realizará además un llamamiento al Gobierno Vasco, a la Consejería de Vivienda y a los ayuntamientos, especialmente los declarados como zonas tensionadas, para que adopten “medidas extraordinarias urgentes” ante la actual situación de emergencia habitacional.
Entre las propuestas planteadas, el colectivo defiende la intermediación con grandes tenedores para evitar desahucios, la ampliación del parque público de alquiler social y la puesta a disposición de viviendas vacías por parte de entidades financieras. También plantea medidas para movilizar vivienda vacía de pequeños propietarios y reforzar la inspección sobre el cumplimiento de la regulación de precios del alquiler.
Según inciden, el último Sociómetro vuelve a situar el acceso a la vivienda como el principal problema ciudadano, en un contexto marcado por el encarecimiento de los alquileres y el aumento de las demandas por impago.
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