(EFE). La ciudadana argelina acusada de sustraer a su hijo de tres años de la tutela de la Diputación de Gipuzkoa ha asegurado este lunes que no recibió notificación alguna de que la había sido retirada la custodia del niño y ha recalcado que «una madre no puede dejar a su hijo».
La acusada ha afirmado asimismo que fue el padrastro, también súbdito argelino, quien se llevó al niño a Francia la tarde del 29 de enero de este año tras coincidir los tres en el centro Tabakalera de Donostia, adonde el pequeño había acudido junto a un educador social.
Durante su declaración en el juicio por estos hechos celebrado este miércoles en San Sebastián, la mujer ha mantenido que cuando se reunió pocas horas después con su compañero sentimental en el país vecino lo hizo con la intención de traer nuevamente al pequeño a Gipuzkoa para preguntar a la Diputación por qué se lo habían quitado.
La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la institución foral, piden tres años de prisión para esta mujer por un delito de sustracción de menores, por el que también reclaman cuatro años de cárcel para el padrastro del niño.
Se da la circunstancia de que este hombre ha sido condenado este mismo mes a 60 días de trabajos en favor de la comunidad por maltratar a su compañera sentimental medio año antes de la supuesta sustracción, cuando la chica se encontraba embarazada de su segundo hijo.
Durante la vista oral, en la que los dos acusados han declarado asistidos por un traductor de árabe, la madre ha explicado que la tutela del niño le fue retirada el 27 de enero mientras ambos estaban en un centro de acogida, sin decirle «los motivos» por los que se lo llevaron ni al lugar al que lo trasladaban.
Ha detallado además que mientras estaba en este lugar, le dijeron que tenía que hablar con una trabajadora para tramitar la tarjeta sanitaria porque estaba embarazada y que dejara un momento al niño en la habitación, si bien cuando regresó allí el menor «ya no estaba».
Una situación que le dejó en «shock», sin que nadie le diera referencia alguna de lo sucedido, «ni un papel ni nada», y sin ni siquiera los miembros de una ONG que acudieron para atenderla pudieran aclarárselo.
Ha recordado que dos días después, vio al niño en Tabakalera, un lugar donde «nunca» hubiera pensado encontrarlo, si bien el pequeño se le acercó «llorando» y se le «abrazó», tras lo que su compañero sentimental lo cogió y se lo llevó a Francia.
Según ha relatado, el hombre la llamó después por teléfono y ella se reunió con él, pero finalmente no pudo regresar a San Sebastián con el pequeño como pretendía porque el padrastro «no quería», ya que pensaba que los iban a «retener» y temía de que le pudieran «quitar» también al bebé que aún no había nacido.
«Tenía miedo de que -el acusado- pudiera hacer daño al niño. Fui a Francia por mi hijo. Una madre no pueda dejar a su hijo», ha resumido.
Por su parte, el hombre ha corroborado que ninguno de los dos miembros de la pareja recibió notificación por escrito de la retirada de la tutela del menor, y ha mantenido que se llevó al niño porque lo vio «muy mal», con «heridas en la cara» y porque decía que le habían «agredido».
El imputado ha comentado que aunque el pequeño no tiene su «sangre» lo siente como su hijo porque ha convivido con él desde hace dos años, ha aclarado que se lo llevó «por miedo» y por «amor» hacia él, para «protegerlo» y para ayudar a la madre.
Ha concretado además que de haber sabido que este episodio iba a acabar en un juicio «nunca lo hubiera hecho», al tiempo que ha recalcado que su relación con su compañera sentimental es «buena».
Tras estas declaraciones y las de varios testigos, el fiscal ha solicitado la condena de ambos acusados porque, a su entender, la sustracción del menor ha quedado «suficientemente demostrada» ya que ambos «sabían perfectamente lo que estaba pasando», pues la orden de retirada de la tutela en este procedimiento de «urgencia» le fue comunicada verbalmente a la madre, que estaba convocada además para el día 30 a una reunión en la que este trámite se iba a hacer por escrito.
Por su parte, la acusación particular ha opinado que hechos como las denuncias de malos tratos existentes en el caso y la relación «tóxica» que mantenían los acusados dan la «razón» a la Diputación en su decisión de retirar de «urgencia» la tutela a la madre y «asumir» la custodia del menor.
Por el contrario, la defensa de la madre ha mantenido que todo el procedimiento de retirada de la tutela fue «una chapuza colosal» desde el primer momento ya que se trata de un procedimiento «ordinario» y no de «urgencia» que no se comunicó por escrito a la madre, quien además sólo sabía árabe y que, por otra parte, no podía cumplir «una resolución que no le fue comunicada».
En términos similares se ha pronunciado la defensa del procesado, que ha recalcado que la cosas estuvieron «mal hechas desde el principio y que ha detallado que si la madre no tenía conocimiento de la retirada de la tutela del menor, el padrastro «aún menos».
