Las asociaciones nacionales de transportistas han presentado en los Juzgados de Instrucción de Gipuzkoa una querella criminal contra la diputada de Infraestructuras Viarias Aintzane Oiarbide y contra la empresa pública Bidegi por mantener el cobro de los peajes a los camiones en la N-1 y A-15 «desobedeciendo los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justica y del Tribunal Supremo que los declaran nulos».
En un comunicado la federación Fenadismer expresa que «esta querella es consecuencia del comportamiento contumaz de la titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, quien se negó desde un primer momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política».
En este contexto los transportistas consideran que «ahora prefiere atropellar a todo un sector de transporte pasando por encima de las decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien simplemente defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas».
