(EFE). Las autoridades españolas han dictado una orden internacional de investigación y búsqueda del menor tutelado por la Diputación de Gipuzkoa que fue sustraído el pasado domingo en San Sebastián, así como de dos adultos, al parecer su madre y el compañero sentimental de ésta, han informado a EFE fuentes de la investigación.
Estas fuentes han explicado que la decisión ha sido adoptada ante la proximidad con la frontera francesa de la capital guipuzcoana, donde fue raptado el menor, de 3 años de edad y de origen magrebí.
En esta línea de actuación, además de llevar a cabo distintas averiguaciones sobre los diferentes medios de transporte y vías de comunicación cercanas, en el marco de la investigación también se han activado ante las instancias europeas los correspondientes protocolos Schengen, además de notificar lo sucedido a la Europol.
El menor, que se encontraba acogido por la Diputación de Gipuzkoa tras haberse declarado su situación de desamparo, fue sustraído la tarde del pasado domingo mientras se encontraba con un adulto en una calle de San Sebastián, según informaron en su momento a EFE fuentes del caso.
La Diputación de Gipuzkoa aclaró después que la institución foral había presentado una denuncia en los juzgados «nada más suceder» los hechos, al tiempo que comenzó a colaborar con la Ertzaintza en las pesquisas iniciadas por este cuerpo, además de mantener una «comunicación constante» con la Fiscalía para localizar al menor «lo antes posible».
Por otra parte, en una comparecencia celebrada este martes, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, aseguró que la institución foral «sigue con preocupación» la búsqueda de este menor, que continúa en paradero desconocido, y lamentó que en este caso concreto la institución foral no haya llegado a «proteger al 100 %» al niño pese a «todos los esfuerzos» realizados.
La portavoz foral dijo entender perfectamente la «alarma generada», aunque declinó facilitar ningún detalle sobre lo ocurrido o la situación del niño al tratarse de un menor de edad.
«La Diputación, evidentemente, destina todos sus recursos, su mejor voluntad y todos los apoyos necesarios para que esta persona pueda estar protegida, pero lamentablemente no llegamos a protegerla al 100 % a pesar de los esfuerzos realizados», recalcó.
Mendoza comentó que será después, una vez «termine este asunto», cuando la Diputación analizará los protocolos que se siguieron en el caso de este menor y si es necesario o no modificarlos.
