Satorralaia presenta un manifiesto suscrito por EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y Equo Berdeak, ELA, LAB, CCOO, ESK, Steilas y Kurpil, Greenpeace, Haritzalde, Eguzki y otras entidades, además de personas a título individual
(EFE). La plataforma ciudadana Satorralaia, apoyada por numerosos partidos, sindicatos y organizaciones sociales, ha exigido este martes la paralización de las obras del Metro de Donostialdea por sus “gravísimos riesgos”, impacto ambiental y “elevados sobrecostes”.
El portavoz de la plataforma, Mikel Álvarez, ha hecho público un manifiesto para exigir que se suspenda la nueva adjudicación del tramo entre la playa de la Concha y la estación de Easo ante la existencia de advertencias “verdaderamente alarmantes” en el nuevo proyecto constructivo.
Este manifiesto, presentado en una concentración ante la sede del Gobierno Vasco, ha sido suscrito por los partidos EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y Equo Berdeak, los sindicatos ELA, LAB, CCOO, ESK, Steilas y Kurpil (central de trabajadores de Dbus), asociaciones como Greenpeace Euskadi, Haritzalde y Eguzki, entre otras, y varias decenas de personas a título individual.
El tramo presentó numerosos problemas en su ejecución, hasta el punto de que ETS rescindió el contrato, que había sido adjudicado por 53,2 millones de euros, y lo ha vuelto a licitar por un precio base de 50,9 millones.
El manifiesto destaca que el propio servicio de Costas “ha certificado la agresión ambiental generada por los trabajos en el entorno de la Concha” y ha pedido que “las obras del túnel, las cuales han influido negativamente en la realidad física de la playa, queden paralizadas hasta que se realice un estudio completo de la traza en el dominio público marítimo-terrestre”.
“Hoy existen una serie de razones más contundentes que nunca para poner freno a esta insensata obra de infraestructura. Por ello exigimos al Gobierno Vasco la suspensión de la adjudicación y de la reanudación de las obras del tramo Miraconcha-Easo debido a los elevados sobrecostes, el impacto ambiental y los gravísimos riesgos que conlleva su ejecución”, reza el documento.
Además, considera que el proyecto constituye un “derroche económico absolutamente innecesario”, se impulsó de manera “totalmente impositiva y sin ninguna participación ciudadana” y busca favorecer el “gran negocio de la obra”, dadas las “fuertes implicaciones urbanísticas” que conlleva.
