(EFE). La Audiencia de Gipuzkoa juzgará el próximo lunes a un hombre acusado de prevalerse de la «dependencia emocional» y el trastorno bipolar que padecía su esposa con el fin de enriquecerse con los bienes de ella y rehacer una nueva vida, dejándola en una «situación socioeconómica límite» y sin prestarle la «asistencia» que precisaba.
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan a 2009, cuando la mujer realizó un viaje turístico a un país del norte de África durante el que conoció al procesado, con quien contrajo matrimonio en 2010, año en el que además la víctima fue diagnosticada de un trastorno bipolar del que comenzó a recibir tratamiento en un centro de salud mental donostiarra.
Ya en noviembre de 2011 el inculpado se trasladó a San Sebastián para residir junto a su esposa en la vivienda que ella tenía en la capital guipuzcoana, sin que el encausado «realizase actividad alguna», por lo que el matrimonio sufragaba sus gastos únicamente con el sueldo de ella.
El documento aclara que, desde finales de 2014 o principios de 2015, a raíz de esta situación matrimonial, la víctima «sufrió descompensaciones en su trastorno» que la llevaron a permanecer de baja en distintos momentos.
Una coyuntura que presuntamente fue aprovechada por el inculpado, «consciente de la situación de su esposa y de su progresivo empeoramiento», para comenzar a gestionar «de manera exclusiva» el patrimonio y los ingresos de ella, «con claro ánimo de aprovecharse de la gran dependencia emocional» que tenía.
El texto de la Fiscalía detalla que el hombre presuntamente actuó «para su propio y único enriquecimiento», mientras «dejaba de prestarle a ella la asistencia económica y personal» que necesitaba para la satisfacción de sus necesidades personales más básicas» como las «alimenticias» y las relativas a su «salud».
De esta manera, la víctima «en modo alguno podía disponer libremente» de sus ingresos económicos, ya que el acusado presuntamente llevaba a cabo «retiradas de efectivo cuando ingresaban la nómina» a su esposa impidiéndole «sufragar sus necesidades básicas», entre ellas las más «esenciales» como «la adquisición de la medicación» que tenía «pautada».
De esta manera, supuestamente se aprovechó de la «enfermedad mental» de la víctima para convencerla de pedir un préstamo hipotecario de 165.000 euros sobre su vivienda, que por entonces estaba libre de cargas, y del que supuestamente el hombre dispuso «de manera privativa» para comprarse una vivienda propia en Villabona y quedarse con el dinero sobrante.
Un año más tarde, el inculpado volvió a convencer a la damnificada para contratar un nuevo préstamo, por importe de 63.000 euros, cantidad de la que supuestamente él se apropió, tras lo que además adquirió dos perros «de gran tamaño» de forma «unilateral».
Ya en abril de 2017, el hombre se empadronó en su vivienda de Villabona y «dejó de mantener una relación efectiva» con su esposa, para comenzar una vida «independiente» en todos los ámbitos y una relación amorosa con otra mujer, mientras seguía «disponiendo» del sueldo de la víctima para «sufragar» sus propios gastos e incluso contrató «nuevos préstamos» con los que habría comprado dos coches, entre otros artículos.
El texto de la Fiscalía señala que el hombre habría dejado además a los perros en el anterior domicilio familiar a pesar de que su esposa no podía hacerse cargo de ellos, lo que provocó una situación «insostenible» porque ella tenía «miedo» de los canes que, además, al no salir a la calle «estaban ansiosos» y «hacían sus necesidades en el interior» de la vivienda que se encontraba en un estado «deplorable» de suciedad y «falta de funcionalidad», dado que la víctima no podía hacerse cargo por los «padecimientos que sufría».
De manera «ocasional», el hombre regresaba al domicilio para alimentar a la víctima con bocadillos de «embutido», si bien a su marcha dejaba el frigorífico «siempre vacío», detalla el documento.
Paralelamente, el hombre habría impedido a su mujer «relacionarse de manera libre» así como pedir «ayuda», pues era él quien contestaba las llamadas de sus familiares y de las instituciones para interesarse por su estado.
Finalmente, a consecuencia de la situación de «desprotección» en la que el inculpado presuntamente mantenía a su esposa, el Ayuntamiento de San Sebastián precintó la vivienda familiar, mientras que la mujer fue internada en el servicio psiquiátrico del hospital.
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral y de un delito continuado de coacciones leves en el ámbito de la violencia contra la mujer, por los que reclama penas que suman tres años de cárcel y que se le impida comunicarse con su víctima o aproximarse a ella durante siete años.
