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Kote Cabezudo se enfrenta mañana a su cuarto juicio

Imagen de archivo. Concentración en apoyo a las víctimas de Kote Cabezudo el día del primer juicio contra Cabezudo, en enero. Foto: Santiago Farizano
16 Feb.21
Por: A. E. / Redacción
Tiempo de lectura: 3 minutos
Esta vez será juzgado por presuntamente intentar borrar imágenes de un servidor informático antes de que la Ertzaintza pudiera acceder al mismo

(EFE). El fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, investigado por distintos delitos de índole sexual y estafa a una veintena de modelos en diferentes causas judiciales, se sentará mañana por cuarta vez en el banquillo de los acusados. Esta vez por un presunto delito de obstrucción a la justicia.

El denominado “caso Cabezudo” es un complejo asunto judicial con una causa principal, iniciada en 2013, en la que el fotógrafo se halla procesado por la posible comisión de 47 delitos, varios de ellos contra la libertad sexual de sus modelos.

De ella penden múltiples pequeñas causas desgajadas, la mayor parte por presuntos delitos de desobediencia grave a la autoridad judicial, coacciones a las víctimas y obstrucción la Justicia que, según la acusación particular, se cortaron “de raíz” a partir del ingreso en prisión provisional del inculpado en 2018.

Hasta el momento, el fotógrafo ya ha sido juzgado en tres de estas piezas separadas, en la primera de las cuales fue condenado en firme a dos años y tres meses de cárcel, por tratar de “intimidar” a una testigo colgando en una red social una fotografía suya desnuda.

La segunda condena (cinco meses de prisión por aportar a la Justicia contratos falsificados para simular que una de sus modelos era mayor de edad) está apelada ante la Audiencia de Gipuzkoa, y un tercer caso, en el que se enfrenta a una petición de ocho meses de cárcel por mostrar presuntamente una foto “de corte erótico” de una joven en una red social sin respetar el mandato judicial de que la retirara, está a la espera de sentencia.

Este miércoles Cabezudo volverá a ser juzgado por presuntamente intentar borrar imágenes de un servidor informático antes de que la Ertzaintza pudiera acceder a él con el fin de obtener pruebas para la investigación del caso.

En los próximos meses, el fotógrafo volverá a sala en otras dos ocasiones más, ya que en marzo tendrá lugar una nueva vista oral, donde afrontará una petición de un año de cárcel por presuntamente desobedecer el mandato judicial de retirar imágenes de una víctima, menor de edad, de su canal de Youtube. La misma pena que solicita la acusación particular.

Ya en abril tendrá se celebrará el sexto y, por ahora último juicio señalado hasta el momento contra Cabezudo, en esta oportunidad por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, por no respetar presuntamente la orden judicial de hacer desaparecer cualquier vídeo o imagen de una de sus presuntas víctimas de sus páginas web o cualquier “perfil público de una red social” en el que apareciera la perjudicada.

El asunto principal, iniciado en 2013 y en el que el fotógrafo se halla procesado por la posible comisión de 47 delitos, varios de ellos contra la libertad sexual de sus víctimas, no tiene aún fecha para juicio.

Kote Cabezudo se encuentra encarcelado en la prisión de Martutene desde que el 4 de mayo de 2018 un juzgado decretara su ingreso en prisión provisional, prorrogada posteriormente por la Audiencia de Gipuzkoa.

En el tiempo transcurrido, el acusado ha solicitado en dos ocasiones su puesta en libertad provisional, alegando que no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas o reiteración delictiva y que su situación de prisión provisional le impide acogerse a los beneficios penitenciarios que le pudieran corresponder en el cumplimiento de la condena que ya es firme.

Unos argumentos que han sido rechazados por la Audiencia de Gipuzkoa en ambas ocasiones, la última el pasado 28 de enero en un auto al que tuvo acceso EFE, que desestimó la petición del fotógrafo debido a “los indicios de muy diversos y graves delitos por los que ha sido procesado”, así como para “evitar la reiteración delictiva”, que “se sustraiga a la acción de la justicia” y que “continúe atentando contra las presuntas víctimas”.

El auto se pronunciaba también sobre el asunto de los posibles beneficios penitenciarios, para aclarar que es adecuado “cercenar” la posibilidad de que el procesado se acoja a ellos con el fin de evitar “precisamente” que “pudieran ser aprovechados” para “situarse fuera del alcance de la Justicia”.

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