«En esta situación de guerra económica, inflación, precariedad y desigualdad, toca que las empresas como Jaureguizar, propietaria de las 40 viviendas de VPO en Errenteria, se aprieten el cinturón». Así han respondido los vecinos del Paseo de Arramendi 3,5 y 7 de Errenteria y las plataformas Alokairu y Stop Desahucios a la empresa Jaureguizar, que abogó ayer por que la Administración comprara las 40 VPO y terminara así la incertidumbre de las familiares residentes en las mismas.
«Estamos contemplado esta batalla de comunicados entre la Consejería de Vivienda y la empresa arrendadora Jaureguizar», manifiestan los afectados, recordando que el Gobierno vasco ofrece a la empresa la subvención de 15.000 euros por vivienda para mantener los alquileres protegidos durante 10 años. «El arrendador, por su parte, emitía ayer un comunicado de prensa donde expresa que no le es rentable acogerse a la orden y así continuar con los alquileres protegidos, alegando que no es un ONG y que les toca a las administraciones (Gobierno Vasco y Ayuntamiento) dar una salida habitacional a los vecinos».
En opinión de los vecinos y de las plataformas de vivienda, la empresa quiere sacar mayor rentabilidad a un producto «tan esencial y social» como es la vivienda. Y consideran que es hora de que las empresas cuyo producto es la construcción, venta o alquiler de viviendas en Euskadi se aprieten el cinturón».
A la vez los afectados aspiran a que «el comportamiento de las empresas locales sea distinto al de los fondos buitre como Blackston y Azora en Donostia».
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